Arroyo exige la disolución de los dos consorcios

La portavoz de En Burgos Podemos, Margarita Arroyo, considera que ha llegado el momento de afrontar la disolución de los consorcios, el del desvío del ferrocarril y el de la ampliación de Villalonquéjar. Asegura que su situación económica es «catastrófica» y, por tanto, si el Ayuntamiento asume en solitario la deuda, también debería hacer lo propio con la gestión del suelo para su venta. 

Desde su punto de vista, esta sería la mejor fórmula de asegurar los criterios de la administración pública en la venta de las parcelas, en lugar de que sean los bancos, Fundación Caja de Burgos (que participa en La Caixa), los que gestionen los activos con «ánimo de lucrarse». Así, Arroyo recuerda que la oficina técnica de los consorcios reciben el 2% por cada parcela que se vende y señala, a la vez, que las entidades bancarias reciben también los intereses por la deuda. «La administración tiene el deber de administrar y de que el dinero que se ingresa de los ciudadanos revierta en la población y no en los bancos, no menos de dos millones anuales», manifiesta.

El grupo municipal de Podemos advierte que las pérdidas contables acumuladas de los consorcios superan los 163 millones de euros, 114 el desvío y 49 el de Villalonquéjar. «En el mejor de los casos, se generarían otros 105 millones, puesto que el valor de los activos no permite cubrir tan siquiera la mitad de la deuda bancaria, en total 234 millones de euros. Más en concreto, si la deuda asciende a un total de 234 millones y la venta de los activos supone ingresar 128 millones, quedan otros 105 que deben asumir «de manera imposible» las arcas municipales.

La concejala no da más pistas sobre cómo podría el Ayuntamiento asumir la gestión de esos terrenos y asegura que ese es trabajo del alcalde, Daniel de la Rosa, y del concejal de Hacienda, David Jurado, ambos consejeros en los consorcios. «Ya es hora de que tomen cartas en el asunto», manifiesta. Sin embargo, sugiere que desde ‘Promueve Burgos’ se podría asumir esa tarea.

Tras las reuniones de los consejos de administración, el pasado 2 de junio, Arroyo asegura que la situación económica es más complicada en el del desvío puesto que se debe hacer frente este 2022 al pago de tres millones de euros, en unos momentos en los que no se vende suelo, puesto que las parcelas están sujetas a una modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Según sus consideraciones, si no se logra tener concluido el trámite urbanístico antes de que termine el año, el Ayuntamiento tendrá que solicitar una aplazamiento o una refinanciación de esos 3 millones de euros, con los consiguientes intereses bancarios. 

Por otro lado, advierte de una posible avalancha de denuncias por parte de empresas promotoras. Según indica, el consorcio tiene previsto devolver 600.000 euros a Pecsa ante la no formalización de la compra del suelo para la edificación de la torre Zenit (antes conocida como Panorama con la anterior cooperativa interesada). Señala que a otras empresas que reservaron y no escrituraron se las impusieron penalidades por valor de 100.000 o 200.000 euros, en función de los contratos firmados.