Denuncian «maltrato psicológico y abuso psiquiátrico» hacia Carla, la paciente con Lyme ingresada en el HUBU

Más de dos meses de incertidumbre, reclamaciones por todas las vías posibles y, lo peor de todo, «maltrato psicológico y abuso psiquiátrico» hacia Carla Hernando, la joven burgalesa afectada por la enfermedad de Lyme que permanece ingresada contra su voluntad, y la de su familia, en el área de Psiquiatría del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). 

«Las paredes no curan», insiste su madre, Rocío Muñoz, haciendo acopio de entereza para sacar a su hija de allí. Según detalla a este periódico, el diagnóstico de Carla «no evoluciona» favorablemente y «se está complicando la situación». Mientras tanto, ha optado por ampliar la querella presentada en su día contra el HUBU por «retención ilegal» denunciando, previa queja ante el Sacyl, una serie de «tratos humillantes y vejatorios» que no piensa pasar por alto. 

En su escrito, remitido de forma telemática el 4 de agosto y del que aún no ha obtenido respuesta, Muñoz expone «faltas de respeto continuas» por parte del jefe de Medicina Interna. En concreto, le atribuye calificativos como «puto cadáver» o exabruptos del estilo «cuando ingresaste parece que salías de un documental de los campos de concentración de Auschwitz». 

La ampliación de la denuncia contra el complejo burgalés -y ahora también contra el facultativo- no se limita a este tipo de «descalificaciones». Según detalla Muñoz, también ha pedido «medidas cautelares» e incluso la «recusación» de la jueza instructora del caso, que sigue su curso por la vía penal. 

Mientras tanto, los familiares advierten que no se les permite acceder a los informes médicos para conocer en profundidad cuál es el estado de la joven. Ni siquiera después de que su madre obtuviese un poder notarial de representación, autorizado por la propia Carla estando ya ingresada. Y es que cada vez que Muñoz exige la documentación en Atención al Paciente le remiten al personal facultativo y viceversa. 

«Mentira tras mentira». Con esa sensación convive a diario la familia de la paciente, totalmente «unida» para forzar su salida cuanto antes. Sobre todo porque «dicen que igual hasta diciembre no sale». Y Muñoz no lo puede soportar porque, según tiene constancia, a Carla «le bajan la analgesia y ella suplica que se la suban por los dolores». 

Tampoco pasa por alto la madre el documento de interconsulta, elaborado desde la Unidad Regional de Trastornos de la Alimentación (URTA) el pasado 12 de mayo, en el que se descartaba un posible caso de trastorno de la conducta alimentaria (TCA). 

Lo llamativo del asunto, apunta, es que el traslado de planta a Psiquiatría se amparó en la necesidad de reubicar a la paciente un un «lugar más aséptico» debido su estado. Esa fue la versión dada a la familia, negando en todo momento cualquier tipo de trastorno. Sin embargo, Muñoz señala que de cara a los tribunales se justificó la decisión en base a una supuesta TCA que un médico forense dio por válida «sin aportar documentación». 

Ni prensa ni redes

El tiempo pasa y Carla permanece prácticamente «incomunicada». Las visitas de sus seres queridos se siguen reduciendo a media hora diaria y en presencia de personal facultativo. Además, no se le permite disponer de un teléfono móvil para comunicarse con el exterior. Visto lo visto, Muñoz está convencida de que al final le acabarán «provocando» un trastorno psiquiátrico, pues no le queda otra que «hablar sola con las paredes». 

En esta «pelea continua», Muñoz tampoco piensa tirar la toalla. Y cree saber el verdadero motivo de esta decisión. «No la dejan el teléfono porque mientras haya un proceso judicial abierto de nosotros con el hospital no van a permitir que Carla se ponga en contacto ni con prensa ni redes sociales ni nadie. Nos lo dicen constantemente».

Según el protocolo de la URTA, el paciente puede utilizar el móvil de 18:30 a 19:30 horas «siempre que la situación clínica lo permita», aunque con la prohibición expresa de «grabar» o «hacer fotografías de la Unidad». No en vano, la Gerencia del HUBU replicaría posteriormente por escrito no puede disponer de teléfono o tablet porque se busca «asegurar la confidencialidad de pacientes ingresados junto a Carla». En la misma misiva, subraya además que «estas medidas son iguales para el resto de pacientes de la Unidad». 

Por otro lado, la Gerencia esgrime que a los seres queridos de la joven «se les ha informado a lo largo de la estancia» para «dar respuesta a sus múltiples respuestas y peticiones». Del mismo modo, insiste en que «todos los especialistas que se han ocupado de Carla durante su hospitalización tienen como único fin su bienestar y la recuperación de su salud». 

Más de 53.000 firmas avalan su salida

Cuando la familia y los amigos de Carla se concentraron frente el Teatro Principal el pasado 20 de junio para reclamar su salida de Psiquiatría, la campaña iniciada previamente por su hermana a través de la plataforma Change.org rondaba las 2.400 firmas. Pues bien, a día de hoy el número de personas que han secundado la petición ya supera de largo las 53.000. 

Lejos de caer en el olvido, el llamamiento se mantiene plenamente activo. De hecho, el goteo de apoyos ha sido constante desde el principio. Si la tendencia se mantiene y se alcanzaran las 75.000 rúbricas, la campaña se convertiría en una de las de mayor seguimiento en la plataforma.