Adjudicado el control de la Zona de Bajas Emisiones de Burgos tras el rechazo al recurso del PP

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ha dado el paso definitivo después de que la junta de Gobierno haya dado el visto bueno a la adjudicación del control de la zona, una vez que se ha desestimado el recurso presentado por el grupo municipal del PP.

Los populares advertían el pasado mes de julio que la creación de la Zona de Bajas Emisiones y su posterior gestión es «nuevo pelotazo urdido por el bipartito» y que el expediente estaba marcado por una falta de control total.  Una afirmación que el concejal de Hacienda, David Jurado, negaba asegurando que «el expediente, al igual que los demás,  ha tenido cuatro controles de legalidad».

Sobre esta cuestión, el concejal del PP, Jorge Berzosa, asegura que «el control del proyecto se ha realizado por el mismo técnico que lo ha redactado. Se ha supervisado a sí mismo sin que haya habido ningún control por parte de un técnico jurídico». 

El recurso presentado por los populares se centraba especialmente en «poner de relieve las deficiencias que hay tanto en el pliego como en el proyecto», apunta el propio Berzosa. «El pliego no cuenta ni con el estudio de seguridad y salud ni con un plan de residuos, dos documentos de obligado cumplimiento por la ley de contratos». 

En este sentido, el concejal popular asegura que «desde los servicios técnicos se nos ha dado una respuesta que nada tiene que ver con lo que preguntamos». Berzosa cuestiona una vez más la necesidad  de adjudicar un contrato de más de 3 millones de euros a una empresa para la gestión de unas cámaras que «ni siquiera sabemos si se van a necesitar» porque «tal y como ya avanzó el propio alcalde seguramente no superemos los umbrales de contaminación marcados».

Lamenta además el concejal popular que «la ZBE no se haya debatido ni marcado en un Pleno municipal, que es el foro para ello, y que ya se haya decidido dónde se van a instalar cámaras, como por ejemplo en el casco histórico donde precisamente no hay tráfico», critica. Anota el edil que «lo idóneo hubiera sido estudiar dónde poner cámaras siempre y cuándo fueran necesarias». Y es que, el edil asegura que «la implantación de una ZBE no implica la instalación de cámaras como condición sine qua non» reiterando así «lo innecesario que es entregar tres millones de euros a una empresa para gestionar unas cámaras». 

En este sentido, la formación baraja la opción de llevar el proyecto de ZBE de Burgos al Buzón contra la Corrupción del Ministerio de Trabajo y Economía Social o a la Inspección de Trabajo. 

«Estamos acostumbrados a que el PP califique de ilegal todo lo que hace este equipo de Gobierno», señaló Jurado, quien recordó que la gestión de la ZBE se ha adjudicado a la empresa Etralux, que a su vez se encarga del contrato de gestión del tráfico de la capital burgalesa. 

La implantación tendrá un coste «ligeramente superior a los 3 millones de euros, de los cuales el Ayuntamiento de Burgos aportará 900.000 euros». El resto de la cuantía será financiada a través de los fondos europeos Next Generation. Precisamente para no perder ese aporte, el Ayuntamiento de Burgos «no debe perder el tiempo para poner en marcha la implantación, que debe arrancar el 1 de enero de 2023». De lo contrario «perderíamos la financiación europea». 

A este tenor, Jurado recordaba que «la puesta en marcha de la ZBE es una normativa europea que deben cumplir todas las ciudades de más de 50.000 habitantes». Así, con la adjudicación «se culmina con el procedimiento» para «iniciar lo antes posible las labores de implantación». 

La creación de la Zona de Bajas Emisiones de Burgos, contará con tres áreas definidas como zona cero, zona básica y zona ampliada, contará con 56 puntos de control de entrada y salida de vehículos, 59 cámaras e implicará la modernización del equipamiento de accesos al centro histórico.