La nueva ley de Formación Profesional a debate en Burgos

La Formación Profesional, en sus grados de Básica, Grado Medio y Grado Superior, afronta, como todas las etapas educativas, un momento de cambio legislativo. La aplicación de la nueva Ley de Formación Profesional se analizará en profundidad en Burgos en una jornada organizada por CCOO Enseñanza de Castilla y León. La cita se lleva a cabo en Burgos ante "la alta presencia de la FP en esta provincia", donde el 50% de la oferta es pública y el otro 50% es concertada. En el encuentro participará la secretaria general de FP del Ministerio de Educación y Formación Profesional, Clara Sanz López, y el director de Formación Profesional y Régimen Especial de Castilla y león, Agustín Francisco Sigüenza. 

El encuentro permitirá analizar cuestiones como la eterna pelea de reivindicación de la Formación Profesional. "Se habla desde hace tiempo pero se debe seguir trabajando en dignificar la Formación Profesional"; señaló el adjunto a la Secretaría General de Enseñanza en Castilla y León, Ismael Jiménez. Se trata de una formación que tiene una prima de empleo del 17,5% en la región, una alta inserción que es total en algunas ramas profesionales como electricidad o electrónica, pero que no llegan a elegir tres de cada diez alumnos. El reto de visibilización es importante porque se calcula que la mitad de la ofertas de empleo del país para 2025 esté destinada a titulados de ciclos formativos. 

La nueva ley orgánica define un programa de fortalecimiento de la formación, acreditación de competencias profesionales y un refuerzo a la orientación laboral donde se valora el incremento de la FP dual. Esta nueva ley va acompañada por un refuerzo inversor del Estado de 5.500 millones de euros en cuatro años de los que ya se ha adelantado a las comunidades autónomas 1.200 millones. "Pero articular esta ley exige de reglamentos para su desarrollo y ahí es donde las comunidades autónomas tienen muchas competencias y donde también entra la negociación con organizaciones sindicales y patronal, es un reto de todos desarrollar esta nueva ley", planteó el responsable de política educativa de CCOO, Pedro Badía. En Castilla y León la negociación implicaría las consejerías de Empleo, Educación, Sindicatos y Patronal y no entre todos los integrantes de la mesa hay una relación fluida lo que podría añadir complejidad a este proceso de aplicación. 

Estos y otros retos como la "la alta tasa de interinidad, la parcialidad, la necesidad de formación continua del profesorado para adaptarse a la vorágine de cambios que demandan las empresas y la mejora de la coordinación entre la FP inicial y la empleabilidad son algunos de los retos", apuntó la la Secretaria de enseñanza de CCOO en Castilla y León, Elena Calderón. En cuanto a la inversión prevista para los centros de formación, el sindicato apunta a la necesidad de mejorar la fiscalización del destino final de estas ayudas. "Hay un déficit de plazas de acreditación profesional, FP de grado medio y grado superior de 100.000 plazas en todo el país y esas inversiones no pueden ser para concertar centros o dar cheques de estudios, deben destinarse a la enseñanza pública", remarca Badía. 

Apuntan que "se debe dotar a la enseñanza pública de FP de los medios necesarios para adaptarse a las nuevas necesidades, los espacios de talleres, la maquinaria...", Señalan que es un ámbito educativo en el que la educación concertada y privada está ampliando horizontes y ofertas con "ofertas y especialidades donde no siempre cuentan con la maquinaria y los espacios específicos y es algo que la administración debería vigilar", señaló Jiménez Ahijado. 

Como ejemplo el delegado de enseñanza en CCOO Burgos, Jesús Moradillo, pone como ejemplo el grado de carpintería que se imparte en el Marín Aguilera. "Se pidió el paso de ciclo básico a grado medio y superior porque había demanda, pero no pudo empezar por falta de maquinaria que es la que utilizan las empresas y no había medios, es necesaria más inversión para tener una mejor FP, más medios y más personal de profesorado porque si no fuera una demanda real no habría tanta inversión de la educación concertada y privada", señaló.