Preocupante aumento de los delitos contra la libertad sexual en Castilla y León

La apertura del año judicial 2022-2023 en Castilla y León también sirvió para dar cuenta de las principales actividades desarrolladas por el Ministerio Fiscal a lo largo del pasado ejercicio, todavía marcado por «las consecuencias del Covid-19» pese a la «reactivación de las cifras» recogidas en la memoria.A la hora de analizar la evolución de la criminalidad en clave autonómica, el fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, ponía el foco sobre el «aumento significativo» de los delitos contra la libertad sexual, en torno a un 30% y con parámetros «parecidos a los del resto del país».No en vano, alertó sobre lo «violentos» que suelen resultar esta clase de agresiones y abusos, llegando incluso a ser «cometidos en grupos» con el fin de «alardear ante sus iguales mediante la comunicación a través de las redes sociales».Respecto a la violencia de género, con cuatro mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas a lo largo de 2021, Mena insistió en que «todos tenemos que estar concienciados del deber de denunciar y de la obligación de exteriorizar nuestro rechazo a conductas que atentan contra la igualdad».Del mismo modo, hizo hincapié en la necesidad de «aflorar la cifra oculta de violencia de género» tras el «acusado descenso de los procedimientos» en 2020 debido a la pandemia. Aún con todo, matizó que el número de casos denunciados aumentó un 18% durante el pasado ejercicio.Otro dato que llama la atención en la Memoria de la Fiscalía es el incremento de delitos por tráfico de drogas, que se sitúa en el 32%. Por otro lado, Mena expuso que las acciones contra el patrimonio continúan copando los juzgados por su elevado número de expedientes incoados y tramitados; principalmente hurtos, robos con fuerza y con violencia o estafas. No obstante, se detuvo en las 180 calificaciones registradas en casos de robos en casa habitada, pues resultan «especialmente gravosos».En materia de menores, el fiscal superior de la Comunidad precisó que los casos de situaciones de riesgo se dispararon un 12%. Y no dudó en señalar el preocupante aumento de conductas de acoso escolar, por parte de menores de 14 años, incluyendo además «delitos de violencia de género y contra la libertad sexual».Entretanto, tampoco ocultó su inquietud ante la «proliferación de los delitos de odio y de discriminación». Y más allá de exigir una «respuesta penal firme», también puso de manifiesto que «la palabra precede a la acción» y que «la creación de un clima de hostilidad hacia determinados colectivos favorece la ejecución de acciones violentas».En otro orden de cosas, Mena acusó a determinados partidos políticos, o a sus «grupos de presión afines», de recurrir a la vía de las diligencias preprocesales en Fiscalía con una «pretensión interesada» y «ajena a la búsqueda del interés general» que solo busca «generar dudas en la sociedad».