Burgos reintegra 1,8 millones de euros a 710 contribuyentes por el pago de las plusvalías

Devoluciones de tributos, la mayoría con intereses de demora, y menor recaudación para las arcas municipales. Las consecuencias económicas para el Ayuntamiento de Burgos (y de todas las administraciones que recaudan las plusvalías) de la sentencia del Tribunal Constitucional, que anuló a finales de 2021 la forma de cálculo del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como plusvalías, siguen vigentes.

En los primeros seis meses del año (de 1 de enero al 30 de junio) se ha devuelto a los contribuyentes la cantidad de 1.759.907 euros, correspondientes a 710 reclamaciones.

Esta partida se suma a las liquidaciones que se produjeron coincidiendo con el final de año 2021 cuando se devolvieron a los ciudadanos de Burgos 4,2 millones de euros, relacionadas con los cinco ejercicios anteriores, desde que se empezó a demandar ante la administración y ante los tribunales por parte de los contribuyentes que consideraban injusto su pago porque no había habido incremento en el valor a la hora de transmitir una propiedad.

Y es que las reclamaciones de particulares todavía se acumulan en el Tribunal Económico Administrativo que sigue resolviendo, una vez que se logró cubrir las plazas y ponerlo a funcionar. De hecho, un dato representativo es que este asunto copó la mitad del trabajo de este ente durante el año 2021 debido al atasco que existía porque llevaba meses sin funcionar. Fue en diciembre de 2020 cuando se «reiniciaba la actividad gracias a la denominación de los tres profesionales que se encargan del tribunal». La inactividad previa «ha supuesto que haya un atasco en los asuntos y un gran volumen de trabajo». 

En lo que va de año, también son datos de los primeros seis meses facilitados por la Concejalía de Hacienda, que preside el socialista David Jurado, se han resuelto 320 reclamaciones y a mediados de este mes de septiembre se contabilizaban 218 por estudiar. La semana pasada estaba prevista una nueva sesión con 37 más por valorar, por lo que a esta fecha es posible que ya se haya bajado de las 200 en vías de gestión.

Una de las cuestiones a las que la Concejalía de Hacienda ha tenido que hacer frente es al pago de los intereses de demora, puesto que las demandas se venían acumulando desde hace años y los ayuntamientos esperaban que el Gobierno central diese las instrucciones para proceder. 

Con el fallo judicial del Constitucional todo se precipitó, se habilitaron los instrumentos necesarios y después se concedió un plazo de seis meses para reformar la ordenanza de plusvalías, una cuestión que en Burgos se resolvía en marzo de este año con la aprobación en Pleno de la modificación de la ordenanza 503 que regula el impuesto de Plusvalías.

Pues bien en la última modificación del presupuesto de 2022, en la que se incorporaron remanentes de 2021, este mismo mes de septiembre se contemplaba una partida para hacer frente a los intereses de demora en sentencias y reclamaciones diversas, una parte importante para las devoluciones de tributos. En concreto fueron 450.000 euros los que han ido a parar a este fin para satisfacer las demandas de los contribuyentes que han tenido reconocido este derecho.

Otra importante consecuencia económica para el Ayuntamiento de Burgos tiene que ver con cómo ha afectado el cambio de la ordenanza a la recaudación de este importante impuesto, que era uno de los que más peso tenía en el apartado de ingresos del presupuesto municipal.

Más allá de que fue necesario recalcular los ingresos a finales de 2021 para poder aprobar las cuentas de 2022. Con el ejercicio en curso ya se pueden ver las diferencias que ha traído consigo el cambio de normativa, que en este caso ha beneficiado a miles de contribuyentes, pero merma las arcas públicas.

Entre enero y junio la recaudación del nuevo impuesto de plusvalías fue de 2.654.028 euros, prácticamente la mitad que en el mismo periodo del pasado 2021. Entonces, en los primeros seis meses del año la recaudación fue de 5.278.290 euros, si bien en cierto que esta cantidad se vio reducida porque, como ya se ha indicado, se están produciendo devoluciones de tributos.

Este impuesto está condicionado por las operaciones de compra-venta de propiedades a lo largo del año, por lo que está vinculado a cómo esté funcionando el mercado inmobiliario durante el ejercicio en curso.

Cuando se aprobó el cambio en la ordenanza ya se estimaba una caída de la recaudación de los 10 millones de 2021 a 7,3 millones de euros en  2022, un 37%, porque ya solo pagará la plusvalía quien la genere. Habrá que esperar a final de año para comprobar si la caída de ingresos se mantiene en el 50% o se reduce al 37% que se preveía.