8 de cada 10 presos no regresan a la cárcel tras su salida
Marlaska presenta en Burgos el primer informe sobre reincidencia de Instituciones Penitenciarias, con resultados «razonadamente buenos» en 10 años / Asegura que la prisión provincial goza de una cobertura óptima de funcionarios dada sus necesidades
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado en la cárcel de Burgos el primer informe sobre reincidencia elaborado por la Central de Observación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Lo más destacado, sin lugar a dudas, es que 8 de cada 10 internos no vuelven a prisión tras su salida.«No es una encuesta», matizaba el ministro al resumir los principales resultados, «razonablemente buenos», de un estudio que abarca toda la población penitenciaria y que recoge los datos recabados a lo largo de una década, concretamente hasta 2019, en todo el país salvo en Cataluña. Por lo tanto, no se trabaja sobre una muestra sino a partir de las 19.909 personas que fueron excarceladas en 2009 tras excluir a quienes por aquel entonces disfrutaban de la libertad condicional.Tal y como se detalla en el informe, los tres primeros años suelen ser claves para favorecer la reinserción de los internos. Y es que el 53% de las personas reincidentes volvieron a cometer un delito dentro de dicho periodo. Por otro lado, Instituciones Penitenciarias también revela que el 94,9% de las personas que retornaron a prisión son hombres y que el 88,6% -de ambos géneros en este caso- es de nacionalidad española.Otro factor que se analiza en el estudio es el tramo de edad más susceptible de poder recaer. Dentro de este apartado, los internos de entre 31 y 50 años constituyen el grupo más numeroso (64,4%), mientras que tan solo un 0,13% de los mayores de 71 acabaron volviendo a la cárcel.Si atendemos a los hechos delictivos más comunes entre quienes reincidieron en esos 10 años de estudio, los robos y los hurtos se llevan la palma con un porcentaje de reiteración del 76,2%. A continuación, enmarcados en un tramo intermedio, se encuentran los delitos contra la salud pública y por violencia de género acaparan un 42,4y un 41,6%, respectivamente. Por contra, la tasa de reincidencia en falsedades y homicidios se sitúa en torno al 6%.Más allá de que el actual sistema de grados y la libertad condicional le parezcan herramientas útiles de cara a trabajar por la reinserción de la población reclusa, Marlaska remarcó la necesidad de «contar con un entramado institucional, social y comunitario» fuera de los centros penitenciarios capaz de construir una «red de seguridad que permita al interno excarcelado asumir su puesta en libertad como una nueva oportunidad para rehacer su vida». Y aunque el objetivo de aquí en adelante sea reducir la tasa de reincidencia, considera que «el camino que hemos trazado es el correcto».Centro «de referencia»La presentación de este informe en la ciudad castellana se debe, básicamente, al 90 aniversario de su centro penitenciario. Según apuntó el ministro, su entrada en funcionamiento durante la II República permitió consolidar un «régimen carcelario humano» que «hoy podemos aplaudir» porque «incluía trabajo, educación, lecturas no censuradas, acceso al ocio y visitas periódicas». Sin embargo, «el golpe de Estado franquista lo truncó todo», reconvirtiendo el penal en un «centro de exterminio» y, ya en los 60, en un «centro de reclusión de presos políticos que trabajaron contra la dictadura».Tras repasar la historia del centro y recordar la presencia de reclusos ilustres como Manuel Machado, Antonio José o Marcos Ana, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, también destacó el posterior esfuerzo para que los muros de esta prisión pudieran «adaptarse a las exigencias que nuestra Constitución impone al sistema penitenciario».Por otro lado, puso en valor el desarrollo de diversos tratamientos contra la violencia de género o la salud mental, así como los programas de justicia restaurativa. Del mismo modo, ensalzó el trabajo «puntero» de la unidad canina, actualmente implantado en la mayoría de cárceles españolas.Protestas sindicalesA su llegada, Marlaska fue recibido por un grupo de funcionarios de prisiones de ACAIP-UGT y CSIF que reclaman mejores salarios y que se les considere agentes de autoridad. Sobre este asunto, el titular de Interior señalaba que el Gobierno mantiene un «diálogo permanente» con los sindicatos, amén de subrayar que la Proposición no de Ley para que obtengan ese reconocimiento y se garantice su indemnidad ya ha superado el trámite de enmiendas.Partiendo de esa base, no dudó en apelar a determinados partidos políticos -léase PP y Vox- que ahora tienen una «oportunidad perfecta» para respaldar a este colectivo.En lo que respecta a las quejas sobre la falta de efectivos en el penal de Burgos, concretamente 50 menos de los que marca la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), Marlaska indicó que actualmente «la tasa de reposición es más del 100%».Con ello se refería al conjunto del país, insistiendo además en que a lo largo de los últimos cuatro años se han creado 5.500 nuevas plazas. No obstante, dejó entrever que el penal burgalés cuenta con un número suficiente de efectivos porque a día de hoy alberga unos 300 internos y, por tanto, se sitúa muy por debajo de su capacidad.‘Ley mordaza’Entre poco y nada avanzó Marlaska sobre las negociaciones que el PSOE y Unidas Podemos mantienen para reformar -que no derogar- la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ‘Ley Mordaza’. Sobre dicha cuestión, tan solo se limitó a esgrimir que se sigue trabajando para alcanzar un «consenso razonable» que garantice un «perfecto equilibrio» entre los «derechos y libertades del conjunto de los ciudadanos» y la «protección necesaria y precisa de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».