La Sociedad de Aguas se protege frente a 24 tipos de delito que pudieran cometer sus trabajadores

La Sociedad Municipal de Aguas de Burgos se protegerá frente a 24 tipos de delito en los que pudieran verse envueltos sus empleados o empresas con las que contraten servicios. Así, ha contratado con la firma Vaciero S.L.P. el desarrollo de un programa de prevención de riesgos de responsabilidad penal, que se implantará en el plazo de cuatro meses.

El concejal responsable de esta empresa pública, Miguel Balbás, de Ciudadanos, asegura que este nuevo contrato, con un coste de algo más de 11.700 euros, sigue la senda del «cambio y la modernización» desde que la formación naranja preside Aguas de Burgos. El objetivo es anular o disminuir «todo lo posible» la responsabilidad penal que pudiera recaer sobre la sociedad municipal, en cuanto que, desde 2015, se produjo una reforma en el Código Penal, según la cual las empresas o personas jurídicas pueden tener responsabilidad penal frente a determinados delitos.

Las empresas pueden protegerse aplicando «con eficacia modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control para prevenir los delitos». Los tipos delictivos contra los que se protege Aguas son, por ejemplo, la evasión fiscal, estafa, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, cohecho, apropiación indebida y delitos contra la propiedad intelectual, entre otros.

Balbás explica que las empresas, desde el cambio del Código Penal, comenzaron a implantar la cultura del cumplimiento normativo a rajatabla, puesto que no se puede «achacar a una desgracia, a una casualidad o a la mala suerte cuando se produce un delito en su seno, sino que es posible realizar un control interno para evitar los costes para la reputación cuando se ven implicados  en un procedimiento penal».

La empresa adjudicataria de este servicio tendrá que poner en marcha sistemas de control para la prevención de los delitos «de manera sistemática» con el objetivo de disminuir la responsabilidad penal de la empresa en su conjunto.

El programa necesita que se vayan cumpliendo una serie de etapas para una implantación efectiva. El primer paso, como explica el concejal de Aguas, es estudiar la actividad de la Sociedad Municipal para identificar los tipos de delitos que pueden suceder y, a partir de ahí, diseñar una evaluación de riesgos penales personalizada. «Nos van a decir cuánto de probable es que ocurra un delito en la empresa pública y si ocurre el impacto que podría tener sobre la sociedad», concreta.

Una vez realizada la evaluación de riesgos penales se desarrollará el programa que incluye la creación de unos «protocolos de trabajo» para evitar que algún empleado incurra en un delito, así como las medidas de control y prevención. En el caso de verse implicada en algún tipo delictivo, de los antes expuestos, la Sociedad de Aguas podría esgrimir ante un juez la existencia de este programa buscando la «exoneración».

Los trabajadores tendrán que formarse en los protocolos y afectará a los entes externos que  desarrollen encargos para la sociedad , que deberán trabajar según los procedimientos.

El pliego incluye que la adjudicataria elaborará un código ético y un canal de denuncias para que cualquier persona pueda anónimamente comunicar cualquier irregularidad. Durante los siguientes tres años, Vaciero S.L.P. actualizará y controlará el funcionamiento del programa de prevención penal.

Este contrato se une a las medidas de modernización que ha desarrollado la Sociedad de Aguas como han sido las incorporaciones del nuevo gerente, nueva directora técnica y asesor jurídico.