Carla vuelve a casa. Más de cuatro meses de «secuestro» en Psiquiatría del HUBU con Lyme crónico

«Siete meses de ingreso y casi cinco de secuestro» esperando la llamada. No imaginaba Rocío Muñoz que sería Carla, su propia hija, quien le confirmarse que por fin le daban el alta. Al principio, le costaba creérselo. Pero este miércoles, a las 10 de la mañana, supo que por fin abandonaría el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) tras permanecer ingresada en Psiquiatría, prácticamente «incomunicada», por padecer la enfermedad de Lyme.

La familia celebra su salida, como es lógico, tras un verano de movilizaciones tanto en la calle como en los tribunales. Sin embargo, Muñoz no olvida -y tampoco perdona- la «privación de libertades y derechos fundamentales» que en su opinión ha sufrido Carla. Por eso mantiene la querella contra el complejo hospitalario, extensible a su jefe de Medicina Interna por supuestos «tratos humillantes y vejatorios». Si algo tiene claro es que va a «seguir adelante hasta el final», máxime cuando la Fiscalía ha solicitado «un informe que justifique el ingreso».

Nada más cruzar la puerta y reencontrarse con su familia, Carla rompía a llorar. «He perdido todo el verano», confesaría después a su madre.

Al margen de lo que ocurra en los juzgados, la madre de Carla no ha recibido explicación alguna sobre los motivos del alta. Tampoco la paciente, que presenta los «mismos síntomas que antes» aunque muchas de sus heridas estén «curadas». En cualquier caso, considera que su estancia en Psiquiatría ha sido una «pérdida de tiempo» porque podría haber estado «igual en otra planta o en casa».

Nada más cruzar la puerta y reencontrarse con su familia, Carla rompía a llorar. «He perdido todo el verano», confesaría después a su madre, apenada, porque durante todo este tiempo ha permanecido «incomunicada de sus amigos». Todavía se siente «perdida» y quiere que le pongan al día. Aún con todo, se sabe liberada y su principal objetivo es reponerse de un «golpe fuerte» que no esperaba cuando fue trasladada sin previo aviso a un área hospitalaria que a priori nada tiene que ver con un caso de Lyme crónico.  

Mientras tanto, Muñoz no deja de preguntarse por qué se ha dado el visto bueno a un alta que el HUBU se resistía a tramitar. Aunque solo es una mera especulación, cree que quizá se deba a su encuentro, el pasado 15 de octubre, con la vicepresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, Amalia Gamio.

Fue precisamente la doctora mexicana quien le animó a «hacer un protocolo facultativo» para velar por los derechos de Carla. Y no duda en agradecer públicamente su «ayuda» mientras anima a otras personas en la misma situación a acudir a este tipo de organismos en caso de ser necesario.

Por las «burradas» que su hija dijo haber soportado, Muñoz ha elevado su malestar a la Inspección Médica de la Gerencia de Salud de Burgos.

Independientemente de las causas que hayan propiciado la salida, su madre no entiende que la gerente del Hospital Universitario, Ana Lucía Fernández Eroles, «siga manteniendo» al facultativo que presuntamente comparó a Carla con un «puto cadáver» o una víctima de «un documental de los campos de concentración de Auschwitz».

Según la versión de Muñoz, la propia Gerente le comunicó por escrito que solo se podría cambiar a Carla de médico si así lo determina un juez. En su opinión, esta respuesta agravó más si cabe una «situación de desamparo e indefensión que clama al cielo». Por todo ello, empezando por las «burradas» que su hija dijo haber soportado, ha elevado su malestar a la Inspección Médica de la Gerencia de Salud de Burgos.

De vuelta la normalidad, la familia de Carla no olvida el respaldo público de todas aquellas personas que se concentraron  el pasado 20 de junio en la plaza del Cid para denunciar su «retención ilegal». Y tampoco de quienes firmaron la campaña abierta en la plataforma Change.org donde se recoge el testimonio de la propia paciente: «No quiero estar aquí, no me puedo mover y parece que estuviera en una cárcel».

Su hermana, Sandra, advertía en el mismo texto lo que Muñoz ha reiterado en múltiples ocasiones; que no podía hablar con su abogado y que las visitas se restringían a media hora diaria con un auxiliar delante. Además, desde el primer momento se le prohibió taxativamente usar su teléfono móvil.

A pesar de que ya no sea necesaria, la campaña obtuvo una respuesta masiva por parte de los internautas y acumula a día de hoy más de 54.000 firmas.