Zona de Bajas Emisiones de Burgos. El contrato refleja un año para su desarrollo, a la espera el marco jurídico del Gobierno central

Quedan menos de dos meses, un total de 54 días, para que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) deba estar implantada Burgos ya que Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica estableció su puesta en marcha el 1 de enero de 2023 en ciudades de más de 50.000 habitantes. Si bien el contrato para su desarrollo está en marcha desde el pasado 4 de octubre, cuando se firmó el acta de replanteo con la empresa Etralux, adjudicataria de las obras y de la gestión por algo más de 3,5 millones de euros, la normativa específica que aporte seguridad jurídica a usuarios, empresas y ciudadanía en general está todavía en el aire.

Desde el equipo de Gobierno, el concejal delegado de Tráfico, el socialista Adolfo Díez, asegura que su puesta en marcha depende más de disponer de una norma que de las obras en sí mismas para la ubicación de paneles de tráfico, cámaras y los sistemas informáticos que regulen los accesos a la zona cero, básica y ampliada. 

Unas actuaciones que, según se recoge en el pliego que se sacó a concurso, tendrían un plazo de 12 meses para desarrollarse. Este tiempo excedería con mucho la fecha del 1 de enero de 2023, sin embargo la preocupación e incertidumbre es mayor por la inexistencia del marco jurídico que dé cobertura a las ZBE.

El Ayuntamiento de Burgos nombró un gabinete específico para modificar la ordenanza de movilidad, sin embargo tanto esta administración local, como el resto de las ciudades de más de 50.000 habitantes, que tienen obligación de implantar las ZBE, esperan a que se apruebe definitivamente un Real Decreto del Gobierno que contenga unas «medidas homogéneas y unos requisitos mínimos» para todo el territorio nacional.

El pasado abril salió el proyecto de Real Decreto por el que se regulan las Zonas de Bajas Emisiones, que se sometió a información pública hasta el 13 de mayo, según aparece en la web del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). 

Desde ese momento poco más se conoce y de ahí que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) haya solicitado una moratoria para su aplicación, sin que exista una respuesta concreta a estas alturas del año. «A día de hoy no sabemos nada», aseguraba Díez hace pocos días, preguntado por este periódico. Sin la aprobación definitiva del Real Decreto, no existe un marco del que partir para estructurar las ordenanzas de movilidad locales.

Mientras llegan noticias del Gobierno central, quizá en forma de aplazamiento, la empresa adjudicataria de las actuaciones en Burgos ha comenzado a trabajar por la programación del sistema de gestión de la Zona de Bajas Emisiones. Un trabajo eminentemente informático, que se desarrolla desde inicios de este mes en las oficinas de gestión del Tráfico en la capital burgalesa. Así lo concreta el concejal Adolfo Díez, que señala que la obra civil en la calle no será muy perceptible por los ciudadanos ya que apenas consistirá en la instalación de cámaras y paneles de tráfico, aprovechando el sistema de comunicaciones que tiene la ciudad.

Aun así en los próximos meses se contará con 56 puntos de control de entrada y salida de vehículos, 59 cámaras y se modernizará el equipamiento de accesos al centro histórico, todas ellas actuaciones recogidas en el contrato para la implantación de la ZBE. El Ayuntamiento de Burgos preveía una inversión asociada de 3,6 millones de euros, de los cuales 2,9 millones provienen de fondos europeos Next Generation, y se adjudicó en 3.544.934,88  euros con impuestos incluidos.

Aspectos claves del proyecto de Real Decreto

La información de la que se dispone en el proyecto de Real Decreto incluye las restricciones de acceso, circulación y aparcamiento de vehículos según su potencial contaminante y que afectarán prioritariamente a los vehículos con más potencial contaminante, como son los vehículos con etiquetas A, y, progresivamente, a los vehículos B y C.

Ese proyecto, que se sometió a información pública entre abril y mayo, establece los requisitos mínimos que deben cumplir las zonas de bajas emisiones en materia de calidad del aire, cambio climático, impulso modal, eficiencia energética y ruido.