Zona de Bajas Emisiones de Burgos. Fianza millonaria para el PP por tratar de parar el contrato

El recurso contencioso administrativo presentado por el grupo municipal popular en contra de implantar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Burgos, sin que exista un plan de calidad del aire y porque considera «irregular» el contrato, ha traído consigo una respuesta sorprendente por parte del letrado municipal que actúa en nombre del Ayuntamiento.

Como ha explicado la portavoz del PP, Carolina Blasco, en el caso de que el juzgado admita las medidas cautelares solicitadas en la demanda de los populares, el abogado reclama, en su escrito de oposición a estas medidas, 3,5 millones de euros a la concejala popular y al PP. Es decir el valor del contrato.

Blasco ha evidenciado su enfado ante esta petición en cuanto que el letrado municipal debe, a su juicio, defender los intereses de todos los corporativos y no solo los del equipo de Gobierno. Pero espera que el juzgado acepte las medidas cautelares reclamadas que implicarían la suspensión de un contrato, adjudicado en agosto a la empresa Etralux, que ya habría comenzado a trabajar en la implementación de la ZBE desde que el pasado 4 de octubre se firmó el acta de replanteo.

Según reitera, «no se si el letrado es consciente de que tiene que preservar el interés general y que nos tiene que defender a todos y tengo serias dudas de que con esta acción pidiendo 3,5 millones a la oposición esté velando por ese interés», afirma. A la vez, Carolina Blasco añade que es «evidente que el contrato es irregular porque no tiene los documentos necesarios y solo hace falta leerlo».

La popular acusa al alcalde, Daniel de la Rosa, de utilizar «subterfugios contra la oposición para esconderse de las irregularidades». Blasco señala que entre esos documentos necesarios está el plan de seguridad y salud e indica que no existe un plan de calidad del aire ni tampoco la ordenanza que regule la futura Zona de Bajas Emisiones.

Es el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 el que tramita el recurso del PP y el siguiente paso que tiene que dar es contestar al escrito de oposición del letrado municipal y establecer si acepta el depósito millonario, así como las medidas cautelares.

La portavoz municipal anuncia que de gobernar el PP, tras las elecciones de mayo, se paralizarán los efectos de la realización de las obras para implantar la ZBE, que consisten básicamente en la colocación de cámaras y paneles para regular su uso, hasta que los burgaleses puedan exponer sus alegaciones en la tramitación de una ordenanza.

Los populares consideran que el equipo de Gobierno ha actuado «con urgencia y oscurantismo» en todo lo que tiene que ver con este proyecto desde el mismo inicio del expediente. Esta propuesta conlleva un «contrato millonario»., vinculado a

fondos europeos, de 3,5 millones mientras que en Valladolid se gastarán 1,4 millones. La Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica estableció la puesta en marcha de las ZBE el próximo 1 de enero de 2023 en ciudades de más de 50.000 habitantes.