Zona de Bajas Emisiones de Burgos: mapa de calles, vehículos afectados y 56 puntos de control

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones de Burgos no será posible a 1 de enero de 2023. El recurso Contencioso-Administrativo, presentado hace escasos días por el grupo municipal del Partido Popular, se ha cruzado en los planes del Ayuntamiento de Burgos. 

El juez admite las medidas cautelares planteadas por el PP. Una admisión que supone la suspensión del contrato con Etralux y que responde, entre otras cosas, a la falta de una ordenanza que regule la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, según explicó la portavoz del PP, Carolina Blasco. Además, no ha tenido en cuenta la petición del letrado municipal que reclamaba el depósito de una fianza de 3,5 millones en el caso de aprobar las cautelares.

La creación de la Zona de Bajas Emisiones de Burgos, que cuenta con tres áreas definidas como zona cero, zona básica y zona ampliada, define 56 puntos de control de entrada y salida de vehículos, 59 cámaras e implicará la modernización del equipamiento de accesos al centro histórico. Los habitantes censados en esta área de influencia, que supera en total los dos millones de metros cuadrados, son 42.700.

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) debía estar implantada Burgos a comienzos de año como dice la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, que estableció su puesta en marcha a 1 de enero de 2023 en ciudades de más de 50.000 habitantes. Si bien el contrato para su desarrollo está en marcha desde el pasado 4 de octubre, cuando se firmó el acta de replanteo con la empresa Etralux, adjudicataria de las obras y de la gestión por algo más de 3,5 millones de euros, la normativa específica que aporte seguridad jurídica a usuarios, empresas y ciudadanía en general está todavía en el aire.

La zona cero, de 250.000 metros cuadrados, se corresponde con la actual zona peatonal del centro histórico, que tiene desde hace años restricciones a la circulación. Únicamente se prevé la circulación de vehículos autorizados, preservando esta zona y los monumentos con acceso limitado a los residentes, a los hoteles, a los vehículos de emergencia y a los vehículos de movilidad personal. En esta zona, donde se concentra una gran actividad de carga y descarga para los negocios ubicados en el centro histórico, se prevé la puesta en marcha del reparto eléctrico.

La zona básica, con 223.000 metros cuadrados, se corresponde con el área geográfica que ya ha sido cortada al tráfico en diferentes situaciones durante los últimos años. Contará con 13 puntos de control en vías por las que sí circulan en la actualidad vehículos como son las calles San Lesmes, Burguense, San Pablo, Miranda, Valladolid, Santander y Vitoria (en Gran Teatro), entre otros.

Su activación dependerá de que se superen los niveles máximos de contaminación permitidos y se tendrá en cuenta para el acceso los distintivos medioambientales de los vehículos, que proporciona la Dirección General de Tráfico (DGT). También está previsto restringir totalmente el acceso a esta zona en determinados momentos del año con motivos de fiestas o actos programados como domingos sin coche. 

Por último, la zona ampliada, que recoge a las otras dos, representa una superficie de dos millones de metros cuadrados e incluye buena parte de la ciudad.  Los límites se establecen en vías como la avenida Cantabria, avenida del Cid, paseo de los Cubos, calle San Julián, bulevar ferroviario y calle Molinillo. La activación de la zona ampliada se prevé que será de carácter excepcional en función de la calidad del aire en la ciudad.

Reto tecnológico

Tecnológicamente supondrá un importante reto para la ciudad y, entre el equipamiento y las obras para su colocación se prevé una inversión cercana a los 3,6 millones de euros, con el IVA incluido. De ellos, 2,9 proceden de la subvención obtenida por el Ayuntamiento a través de los fondos europeos Next Generation.

El contrato, que está en fase de licitación y que se adjudicará próximamente, prevé la digitalización y la adecuación del actual sistema de control de accesos al centro histórico de cara a su integración en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Un sistema que será también el que se implante en la zona básica y en la ampliada y que se activará cuando los niveles de contaminación superen las recomendaciones de la Junta de Castilla y León y de la Organización Mundial de la Salud. Así, por ejemplo, se ubicarán tótem de control, un mueble que sustituirá a los actuales, y que se colocará en cada uno de los puntos de control de entrada  salida a la zona cero de Burgos Central. 

Las cámaras de lectura de matrículas es otro de los equipamientos punteros que se necesitarán y se prevé la colocación de 59 en puntos como el paseo de los Cubos y la calle Barrantes, la avenida Cantabria con avenida la Paz, así como la calle Valladolid, a la altura de plaza Vega, y la avenida Arlanzón. Además, habrá de estas cámaras en los accesos a los aparcamientos de Plaza Vega, plaza España y Virgen del Manzano para poder controlar las plazas ocupadas y libres donde podrían acceder los interesados.

Además, se detalla un nuevo sistema regulador del tráfico, el equipo encargado de los semáforos para ejecutar las nuevas estrategias de microrregulación para favorecer la prioridad tanto de transporte público urbano como del flujo peatonal sobre el resto del tráfico rodado en la zona de influencia.

El equipamiento se completa con paneles informativos, con las estaciones de calidad del aire y con el sistema que implementa las infracciones en caso de que algún vehículo se salte las restricciones circulatorias. Esas evidencias de infracción son los datos recabados por las cámaras de lectura de matrícula que permitirán realizar fotografías del vehículo atravesando el sistema de control con datos de la ubicación, la matrícula, la fecha y la hora.

Todos estos sistemas se controlarán desde el Centro de Control y Operación de la ZBE situado en la avenida Cantabria, 58. Allí se ubicará una oficina de atención al usuario, como se recoge en el contrato de licitación.

Una vez comentado el reto tecnológico que supone la creación de Burgos Central, que debería entrar en funcionamiento en el plazo de seis meses, en enero de 2023, otros desafíos de cara a su puesta en marcha están en la necesidad de modificar la Ordenanza de Movilidad, la norma que recogerá los pormenores del funcionamiento, las restricciones, los momentos en los que se habilitarán, así como el régimen sancionador.

Desde el equipo de Gobierno municipal, el socialista Adolfo Díez, concejal delegado de Tráfico, explica que están en el punto de elaborar ese borrador, a partir de las aportaciones que realicen las personas interesadas y afectadas en la consulta ciudadana, habilitada por el Ayuntamiento hasta el 25 de julio. Además, ya está creado el gabinete técnico que reúne a las áreas implicadas como son Policía Local, Tráfico, Movilidad, Ingeniería Industrial y Medio Ambiente que deberá dar forma al texto.

La activación de las distintas zonas será totalmente flexible, en función de los parámetros de calidad del aire, y se recogerán distintos tipos de medidas. Como indicaba el alcalde, Daniel de la Rosa, recientemente existirán varias fases antes de establecer la prohibición de la circulación. Así, se incentivará el uso del transporte público, se barajaría reducir las tarifas de la zona azul para que los usuarios del coche puedan aparcar antes de llegar a la zona cero o la básica, se priorizará el uso de la bicicleta en determinadas vías y se establecería un máximo de coches que pueden pasar por las calles céntricas. Todas ellas son un ejemplo de la batería de medidas previas, que se recogerán en el texto de la ordenanza.

La Ley de Cambio Climático obliga a todas las ciudades españolas de más e 50.000 habitantes a establecer zonas de bajas emisiones urbanas como medida esencial para la mejora de la calidad del aire. La obligación se oficializó en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. Además de buscar reducir las emisiones a las atmósfera, otro de los objetivos es reducir el nivel de ruido en las ciudades.