El juez suspende el contrato de la Zona de Bajas Emisiones de Burgos por falta de ordenanza

La Zona de Bajas Emisiones no se implantará a partir del 1 de enero en la capital burgalesa. Así lo ha decidido el juez, que hoy comunicaba la admisión de las medidas cautelares planteadas por el grupo municipal del PP. Una admisión que supone la suspensión del contrato con Etralux y que responde, entre otras cosas, a la falta de una ordenanza que regule la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, tal y como explicó la portavoz del PP, Carolina Blasco.

La decisión del juez también implica la retirada de la fianza de 3,5 millones de euros solicitada por el equipo de Gobierno en caso de que se aceptaran las medidas cautelares requeridas por la formación contra el contrato de la Zona de Bajas Emisiones. «El magistrado entiende que nuestra petición se desarrolla en defensa del interés público y general y en concreto de los burgaleses», señaló la popular. 

En este sentido, la popular recordaba que el contrato de la Zona de Bajas Emisiones «vulnera los derechos de los burgaleses porque sigue sin haber una ordenanza en la que se establezcan las medidas para implantarla» y asegura que es «una absoluta falta de respeto a todos los burgaleses». Suma a la falta de ordenanza, «un Plan de Calidad del Aire que es inconstitucional y que aunque se quiera aplicar no se puede». «Es un situación de pura apariencia», asevero.

Apunta la edil así que «estamos ante una flagrante ilegalidad y una falta de respeto a los burgaleses» y afirma que «la estimación de las medidas cautelares pone en evidencia al equipo de Gobierno y ratifica lo que durante más de siete meses hemos tratado de exponer, que sin ordenanza no se pueden implantar las medidas de la Zona de Bajas Emisiones porque se restringen los derechos de los burgaleses». «El juez lo dice con contundencia y claridad en el fallo», asevera. 

En este sentido, Blasco recordaba que «el bipartito nos ha tratado mal durante estos meses, nos han señalado como culpables y responsables y llevamos 7 meses dando oportunidades para reconducir la situación». Añadía que «de hecho, tuvimos que solicitar un pleno extraordinario para abordar de forma exclusiva este asunto porque en las comisiones no se nos querían escuchar» y «se negaron a responder en todas la preguntas que les hicimos al respecto».  Apuntaba, a este tenor, que «la única respuesta que recibimos de PSOE y CS fuer que ellos eran el equipo de Gobierno y que manejaban el Ayuntamiento como consideraban oportuno».

Blasco recordó que «seguimos sin saber nada del equipo de expertos que se iba a crear con concejales y técnicos y que iba a elaborar la ordenanza». Además «interpusimos un recurso de reposición que no se ha contestado» y «se nos animó a acudir a los tribunales». Así «cuando lo hicimos se nos solicitó una fianza de 3,5 millones de euros por si la paralización de la implantación suponía perder fondos europeos». Unos fondos que «según el concejal responsable no había riesgo alguno de perder».

La respuesta del equipo de Gobierno

Por su parte, el vicealcalde de la ciudad, Vicente Marañón, asegura que el PP «solo quiere entorpecer y dilatar la implantación de la Zona de Bajas Emisiones» y que «no ha aportado ninguna alternativa para su mejora». En este sentido, hacía hincapié en que «se trata de una medida cautelar» pero «consideramos que hay bases para presentar un recurso con éxito» y «es lo que vamos a hacer». 

Aseguraba, además, que la Zona de Bajas Emisiones «necesita tener una ordenanza correspondiente para cuando se vaya a activar y los trabajos que se están haciendo ahora no requieren de una ordenanza»

Añadía que la creación de la ordenanza «no es algo difícil solo para la capital de Burgos» si no «para todas  las ciudades porque requiere de un marco regulatorio nacional».