«Solidaridad» con los 5 encausados por protestar ante una casa de apuestas en Gamonal
Convocan una concentración de apoyo frente a los juzgados antes del juicio contra tres mujeres y dos hombres que se enfrentan a cinco años de cárcel por un presunto delito de «amenazas» y «coacciones»
«Quieren amedrentar y causar pavor a las personas que se movilizan contra las casas de apuestas». Esa es la principal conclusión que extrae el movimiento vecinal que este martes a las 9 de la mañana, se concentrará frente a los juzgados de Reyes Católicos para respaldar públicamente a los cinco encausados por manifestarse contra la apertura de un casino en Gamonal. Como ya adelantó este periódico, la acusación particular pide hasta cinco años de cárcel para cada uno de ellos por un presunto delito de «amenazas» y «coacciones» hacia el dueño del local, así como 27.800 euros por supuestos «daños y perjuicios».
Tal y como indica uno de los promotores de la concentración a este diario, lo único que se pretende es «mostrar solidaridad con las personas que se van a sentar en el banquillo». Tres mujeres y dos hombres que participaron durante una serie de protestas contra la apertura de este establecimiento en la avenida de los Derechos Humanos, entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, a los que se quiere usar como «chivo expiatorio» para impedir cualquier movilización ciudadana que trate de «visibilizar el problema que genera la ludopatía en los barrios».
También aclaran desde el movimiento vecinal que la concentración, justo antes de que arranque el juicio, «no es contra los dueños de esa sala». La única pretensión es arropar a cinco personas que se enfrentan a una «exagerada petición» de cárcel. En este sentido, recuerdan que el Ministerio Fiscal solicita 24 meses de prisión y el pago de una multa en concepto de responsabilidad personal subsidiaria.
A la hora de contextualizar los hechos denunciados, el movimiento señala que las protestas contra las casas de apuestas en Burgos «lleva fraguándose desde hace unos años». Precisamente, «fue en Gamonal donde antes se puso la voz de alarma a nivel general», de ahí la sospecha de que el «lobby» del juego haya puesto el foco sobre el barrio para «criminalizar» toda una corriente de rechazo social «utilizando el derecho penal». Eso demostraría, a juicio de la plataforma, el «lado más perverso» de un sector empresarial que trata de asentarse en «las zonas más humildes y vulnerables» de cualquier ciudad.
Burgos
Unidad frente a la Junta para sacar las casas de apuestas de las zonas residenciales
NATALIA ESCRIBANO
«No es casualidad», prosiguen desde el movimiento, que muchas de estas salas se ubiquen en «barrios con una renta per cápita menor». Desde su punto de vista, este modelo de negocio funciona mejor allá donde existe mayor «problemática social» porque es más fácil que «la gente termine enganchándose a los juegos de azar». Más allá de esta «lógica perversa», el movimiento no oculta su preocupación por la expansión de estos locales en los últimos años hasta superar la veintena en la capital burgalesa. Del mismo modo, inciden en que «el perfil del ludópata ha cambiado», concentrándose en gran medida en «chavales de 18 o 20 años».
«El problema entre los más jóvenes es que se está normalizando este tipo de negocios», advierten los convocantes de la concentración aún siendo conscientes de que impera un «sentimiento general de rechazo» entre la opinión pública debido al «crecimiento alarmante» del sector del juego y los «problemas graves que genera». Y aunque gran parte de la ciudadanía no se movilice, lo cierto es que este juicio en cuestión ha generado una amplia repercusión mediática y promovido eventos como el que se celebró este jueves en el Espacio Tangente para abordar la situación de la lucha contra las salas de apuestas en Burgos.
Para Guillermo de la Fuente, abogado de los dos varones encausados, el principal objetivo de la acusación particular es «causar miedo o desaliento ante este tipo de protestas» aunque ello suponga «instrumentalizar el derecho penal». Así las cosas, se prevé un «juicio largo» con «muchos testigos» por ambas partes cuya «relevancia y complejidad no es tanto por lo que se enjuicia sino por lo que se está pidiendo».
Amparándose además en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, De la Fuente subraya que el derecho de manifestación y la libertad de expresión debieran estar plenamente garantizados, máxime en un caso como este en el que «la gente fue a expresar el descontento que tenía».