SOCIEDAD
La Junta aumenta un 10% la ayuda a dependientes que viven en residencias
La consejera de Familia firma un protocolo para avanzar en un nuevo modelo de atención
Diego Juez, de Acalerte, Isabel Blanco, consejera de Familia de la Junta, y Jorge Sainz, de Lares. SANTI OTERO
Las prestaciones de las personas dependientes que viven en residencias aumentarán una media del 10,5%. Así lo ha anunciado en Burgos la consejera de Familia, Isabel Blanco. La Junta de Castilla y León incrementa en 17,2 millones de euros la financiación destinada a los centros residenciales, a través de las ayudas concedidas a quienes hacen uso de este recurso asistencial.
De esta manera, la prestación máxima de una persona con grado III de dependencia (el más alto) alcanzará los 1.065 euros, frente a los 715 que establece el Estado. «Pretendemos que con esta cantidad se vaya aproximando lo máximo posible a lo que puede costar una plaza en un centro residencial», manifiesta la responsable de Familia, que se compromete a seguir revisando al alza la cuantía de los conciertos y de las ayudas mínimas.
«Pretendemos que con esta cantidad se vaya aproximando lo máximo posible a lo que puede costar una plaza en un centro residencial», manifiesta la responsable de Familia
Blanco ha dado a conocer estas nuevas medidas económicas, que podrán beneficiar en Castilla y León a 52.000 personas dependientes, durante la firma de un convenio con las asociaciones de residencias Lares y Acalerte para avanzar en la implantación del nuevo modelo de atención residencial que pone en el centro a la persona. Un nuevo modelo que aspira a «mejorar la calidad» de la asistencia y que necesita de más recursos económicos como los anunciados por la consejera. Así lo han reconocido Jorge Sainz, de Lares, y Diego Juez, de Acalerte, durante la firma de un nuevo acuerdo por el cual se irá formando al personal de las residencias en «una atención sin sujeciones físicas o químicas».
Blanco ha manifestado que la Junta de Castilla y León destinó en 2022 más de 146 millones de euros en prestaciones vinculadas a servicios y asistencia personal a dependientes.
Según la modificación de la orden de estas ayudas, las personas con un grado II de dependencia pasarán de una ayuda de 788,32 euros a 870 euros y las de grado I de 405 euros a 450, en este último caso la cuantía asciende en un 11,1% con respecto a los datos de 2022.
El protocolo firmado con Lares y Acalerte, que agrupan de forma mayoritaria a las entidades titulares de las residencias de personas mayores de Castilla y León, avanza en el modelo de atención basado en la persona en el que «queremos darles a las personas mayores lo que ellos nos están demandando: sentirse como en su casa». Uno de los aspectos centrales es la formación del personal con cursos en los que, durante 2022, participaron 1.500 profesionales.
De cara a 2023 ya se han programado otros 45 cursos que se ampliarán en los siguientes años. 409 centros de las nueve provincias, de los 685 censados en Castilla y León, acogerán estas actividades formativas.
Por su parte, Jorge Sainz, de Lares, considera imprescindible que salga adelante la nueva ley «para mejorar la calidad de vida de las personas mayores», así como avanzar en la «protección presupuestaria que conllevan las mejoras asistenciales».
«No hay marcha atrás en este tipo de medidas que es cierto que generan más gastos, pero que con el incremento de las prestaciones vinculadas se da la oportunidad de que nadie se quede fuera del sistema asistencial por razones económicas», manifiesta Diego Juez
Diego Juez, de Acalerte, asegura que ya no se entiende la atención asistencial sin tener en cuenta a las personas que la necesitan en su día a día. «No hay marcha atrás en este tipo de medidas que es cierto que generan más gastos, pero que con el incremento de las prestaciones vinculadas se da la oportunidad de que nadie se quede fuera del sistema asistencial por razones económicas», manifiesta.