Piden más de 300 años de cárcel para una red que prostituía mujeres en Estépar

Los integrantes de una red de trata de mujeres, la mayoría de origen ucraniano, se enfrentan a más de 300 años de cárcel. La Audiencia Provincial de Burgos juzga, a partir del próximo 6 de febrero, a S.V.N.N., M.A.F.L., S.N., R.S.G. , F.V.M. y K.LN. por los delitos, entre otros de organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva y favorecimiento de la inmigración irregular.  

Para los tres primeros, la Fiscalía solita 63 años de cárcel para cada uno, mientras que para los otros acusados las penas oscilas entre los 15 años y los 58 años. 

Los acusados, tres hombres españoles y tres mujeres ucranianas, operaban en el club La Parada, ubicado en Estépar. Según las investigaciones realizadas por la  Brigada central contra la Trata de Seres Humanos y la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Burgos que se recogen en el escrito de la Fiscalía, los acusados captaban a las mujeres, sobre todo en Ucrania, para su explotación sexual. Las investigaciones sobre este club por parte de la Policía comenzaron en el año 2015, cuando se activa la operación ‘Motanka’. 

La organización pagaba los gastos de viaje de las mujeres, que contraían una deuda, lo que hacía que aseguraran su permanencia para poder pagar esa deuda obligándolas a ejercer la prostitución. S.V.N.N. y M.A.L.F. ejercían de líderes de la organización, imponiendo a las mujeres normas de disciplina que en caso de incumplirse generaban multas o penalizaciones que alargaban el plazo de penalizaciones. Utilizaban cámaras de circuito cerrado para su control. Al estar registrado el establecimiento como horas, las mujeres explotadas figuraban como clientes alojadas en el establecimiento. 

Los responsables de la red les decían que habían contraído una deuda de unos 1.000 euros que debían saldar prostituyéndose en la misma habitación en la que se alojaban. No las dejaban salir y sufrían un trato vejatorio, así como amenazas y coacciones. Las mujeres eran obligadas a prostituirse en jornadas de 10 horas los 7 días de la semana, Al no tener documentación tampoco podían abandonar el lugar, a lo que se sumaba la amenaza de que pudiera pasarle algo a sus familiares. 

Cada uno de los integrantes de la red tenía una función específica. Así, S.V.N.N. regentaba el club y captaba a las mujeres en Ucrania, muchas veces a través de internet. Al conocer la situación de necesidad económica por la que atravesaban las víctimas, ofrecían trabajos que «no eran tales o con falsas condiciones económicas». 

Para esta labor, la líder contaba con la ayuda de su madre, S.N, que acompañaba a las víctimas de trata desde el aeropuerto de Barajas al club. M.A.L.F. esposo de S.V.N.N., figuraba como recepcionista o responsable de la barra, colabora en el traslado de mujeres desde el aeropuerto de Barajas al club, controla los pases, servicios sexuales, realizados por las mujeres y las consumiciones de copas, imponiendo y vigilando el cumplimiento de las normas. K. L. N. hija de S.V.N.N. y M. A. L. F., identificada en alguna inspección policial como camarera, colabora en el negocio, con la compra de billetes de avión para las mujeres alojadas, controlando de manera ocasional la actividad del club acudiendo al local a trabajar en la barra. Por su parte, F.V.M. realizaba labores de traslado de las mujeres desde el aeropuerto a club. Los acusados crearon una sociedad instrumental, en la que pusieron como responsable a una persona ajena a la red, para derivar el dinero que obtenían de la explotación sexual de las víctimas.

La Policía entró en el club el 28 de mayo de 2019 y encontró en el interior a 11 mujeres, la mayoría de nacionalidad ucraniana, aunque también mujeres procedentes de Rumanía, Bulgaria y Moldavia.