El entrenador burgalés acusado de abusos y corrupción de menores pacta 111 años de cárcel

El entrenador de baloncesto burgalés acusado de abuso sexual, corrupción de menores y posesión de pornografía infantil ha llegado a un acuerdo con las acusaciones particulares de dos de las víctimas y con la Fiscalía para rebajar su pena de prisión a 111 años y cuatro meses. De entrada, se enfrentaba a una condena global de 141 años por todos los delitos que se le imputaban. Durante el juicio, celebrado a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Burgos, A.D.P. (30 años) ha reconocido «uno por uno» los hechos que acabaron propiciando su detención el 18 de octubre de 2021. Una vez expuestas las pruebas y en base a su testimonio, las partes han acordado rebajar cerca de tres décadas su condena al reducir, de siete a cinco años, los delitos relacionados con la corrupción de menores. También se mantienen intactas las indemnizaciones por el daño moral causado, en distinto grado, a las víctimas. En total, 147.000 euros. El resto de penas que el Ministerio Fiscal planteaba en su escrito de acusación tampoco varían. Es decir, la comisión de diversos delitos de abuso sexual tras embaucar a varias de sus víctimas para realizar prácticas sexuales de forma virtual y la posesión, acreditada por la Policía cuando fue detenido, de material pedófilo.El hecho de que este sujeto haya reconocido los delitos permite que sus víctimas no tengan que desfilar por los juzgados para relatar su testimonio. Tal y como consta en el escrito de la Fiscalía, A.D.P. inició su actividad delictiva a través de dos perfiles falsos de la red social Instagram en los que se hacía pasar por una joven para intentar captar la atención de los menores y, posteriormente, obtener imágenes suyas. Después de obtener mediante engaños lo que buscaba con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, el pedófilo confeso llegó a revelar su verdadera identidad, a través de WhatsApp, a una decena de menores. De esta forma, siguió tratando de conseguir imágenes o vídeos. Gracias a la denuncia de una familia en cuanto tuvo constancia de lo que estaba sucediendo, el grupo de Delitos Informáticos de la Policía Nacional de Burgos inició una investigación, muy compleja en su primera fase, que culminaría con el arresto de este ingeniero informático. En base a la gravedad de los hechos constatados, se decretó su inminente ingreso en prisión sin fianza.