«Desbarajuste» en Infantil. El PSOE alerta de que 1.500 familias burgalesas están en «riesgo de quedarse fuera» de su actual centro

Los criterios implantados por la Junta de Castilla y León para la matriculación en el segundo ciclo de Educación Infantil para el curso 2023-2024 continúan generando malestar tanto en la comunidad educativa como desde el ámbito político. De entrada, por lo «discriminatoria» que resulta la medida para quienes el año pasado inscribieron a sus hijos de dos años en centros públicos. Y es que según señala la secretaria general del PSOE en Burgos, Esther Peña, más de 1.500 familias de toda la provincia corren el «riesgo de quedarse fuera».Un auténtico «desbarajuste», según los socialistas, que requiere una «respuesta inmediata» del Gobierno autonómico. No obstante, Peña dejaba claro que la intención del Partido Popular y Vox es favorecer a los centros concertados al respetar sus «baremos de pertenencia».En la misma línea, la secretaria de Educación y Formación Profesional del PSOE, María Luz Martínez Seijo, acusaba a la Junta de fomentar la «privatización» de la enseñanza, amén de incidir en que «no piensa en el bienestar de los niños»Formación ProfesionalAparte de esta polémica que ha caldeado los ánimos en los centros públicos, Martínez Seijo ponía de relieve la apuesta del Gobierno central por la Formación Profesional mientras lamentaba que el Ejecutivo autonómico «no hace un trabajo de comunicación y de coordinación para aprovechar los recursos». En este sentido, indicó que el objetivo marcado desde Moncloa es crear 11.000 nuevas plazas en Castilla y León.Por otro lado, destacó que el Ministerio de Educación destinará 8,5 millones de euros para becar a 4.333 estudiantes burgaleses. La cuantía, en el conjunto de la Comunidad, rondará los 104 millones.