Zonas de Bajas Emisiones de Burgos. El TSJCyL ratifica la suspensión de su implantación

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha ratificado las medidas cautelares interpuestas hace unas semanas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo tras la denuncia presentada por Carolina Blasco, contra la implantación de la Zona de Bajas Emisiones.

El juzgado decidió paralizar de manera cautelar el contrato de adjudicación a la empresa concesionaria y que contaba con un presupuesto de 3 millones de euros y ahora el TSJCyL «señala que el contrato es nulo de pleno derecho porque no existe una ordenanza reguladora previa», tal y como señaló la ya exportavoz del PP, Carolina Blasco. 

La edil afirmó que la sentencia además de poner de manifiesto la falta de ordenanza municipal, también señala que el contrato para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones «no cuenta con el pertinente Plan de Seguridad y Salud» por lo que «las obras para la adaptación de la ciudad no podrían desarrollarse».

El documento, asevera Blasco, es un «varapalo a la gestión de Daniel de la Rosa» y considera que «ha llegado el momento de poner punto final a este asunto». «Debe reconocer que se ha confundido y recordar que todos los ciudadanos deben participar en decisiones de este calado porque la calle no es suya».

La concejal reiteraba la necesidad de «empezar por el principio» y volvía a pedir «la creación de una ordenanza que pueda estar lista antes de final de año, que acoja decisiones y medidas que realmente beneficien al medio ambiente». Este «no debe ser un proyecto personalista e ideológico que necesita de estas estrategias para convencer a la ciudad de que se hacen cosas por el medio ambiente cuando lo único que se hace es beneficiar a las empresas, criticó.

El tema sigue pendiente de una resolución definitiva y Blasco recordaba que debe ser el propio TSJCyL el que ratifique la suspensión concluyente. Y es que, si bien esta sentencia podría tener recurso de casación, «el TSJCyL tiene que percibir primero un interés casacional», que «desde mi punto de vista no tiene». «Si De la Rosa y el equipo de Gobierno dan una patada hacia adelante y pretenden recurrir en casación pueden hacerlo, pero solo servirá para entorpecer el desarrollo correcto de la Zona de Bajas Emisiones, apuntó.

Por eso, «lo más sensato es no continuar con esta situación, si no parar y que el equipo de Gobierno reconozca que se han confundido, para empezar a hacer las cosas bien por el bien de los ciudadanos y de una implantación correcta de la Zonas de Bajas Emisiones».

Este frenazo a la implantación, señala Blasco, «no supondrá tener que indemnizar a la empresa» porque «no se le está causando ningún perjuicio» ya que «en ningún podría haber empezado las obras primero porque no hay ordenanza y  después porque no existe el Plan de Seguridad y Salud».

Así las cosas y ahora que la concejal ha salido del PP explicaba que será ella quien asuma las consecuencias que pueda tener la demanda de forma personal. «Lo haré con mis recursos al quedar al margen del grupo», aseveró.