Zona de Bajas Emisiones de Burgos: El bipartito modifica la Ordenanza de Movilidad para arrancar con su implantación

Nuevo paso adelante. El equipo de Gobierno ha dado luz verde a la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza de Movilidad para activar la Zona de Bajas Emisiones. Un punto que no ha estado exento de debate y de críticas en el Pleno municipal.

Precisamente la concejal no adscrita Carolina Blasco recordaba que el proyecto «se encuentra suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y el Ayuntamiento está condenado a pagar las costas» tras la denuncia que ella misma interponía al entender que no estar respaldado por la correspondiente ordenanza municipal y que por consiguiente es nulo.

La edil hacía hincapié en este sentido y señalaba que «un proyecto de este calibre debe contar con una ordenanza propia». En este mismo sentido se manifestaba la portavoz del grupo municipal del PP, Andrea Ballesteros.

«Un asunto de enjundia como este necesita una ordenanza reguladora propia y un marco jurídico que dé certezas y no problemas. No basta con modificar tres artículos y dos anexos de la Ordenanza de Movilidad». En este sentido, la popular recordó que el proyecto «no se ajusta a la realidad del parque móvil de Burgos en el que el 65% de los vehículos tienen etiquetas B y C y solo el 5% de los burgaleses tienen etiquetas cero o eco».

Así las cosas, la popular calificó de «vergüenza» que «esta modificación se lleve al último pleno del mandato dando un patada hacia adelante al proyecto y dejando esta cuestión en manos de la siguiente corporación desentendiéndose de él». «No quieren que esta cuestión les explote en las manos antes de la elecciones», añadía Blasco.

Mucho más crítico se mostraba el portavoz de Vox, Ángel Martín, quien considera que «la implantación de la Zona de Bajas Emisiones no tiene como objetivo mejorar la salud de los ciudadanos si no restringir derechos». El concejal apuntaba que «esta normativa europea lo único que provocará es impedir a los ciudadanos que se puedan mover libremente por la ciudad». Añadía, además, que «los vehículos eléctricos son más contaminantes que los de combustión y la medidas solo servirán para enriquecer a grandes multinacionales y para recaudar».

Desde Podemos, su portavoz Marga Arroyo señalaba que «las zonas de bajas emisiones deberían implementarse también en otros barrios de la ciudad como Gamonal, en el que la contaminación afecta más a las personas» Y es que tal y como señaló la edil de la formación morada «los valores actuales de la UE ponen de manifiesto que Burgos no supera los índices de contaminación», sin embargo «la OMS cuenta con índices actualizados que sí lo hacen».

A este tenor, Arroyo hacía hincapié en que el objetivo de este proyecto «debe ser que todos los ciudadanos tengan una alternativa sostenible de movilidad para no necesitar el coche a la hora de moverse por Burgos».

El concejal responsable del área, Levi Moreno, se mostraba especialmente crítico con las palabras de Blasco y de Martín. A la primera le aseguraba que solo ella «será la responsable de perder tres millones de euros de Europa», mientras que al concejal de Vox le recordaba que «la norma incluye excepciones para familias con bajos recursos que no puedan acceder a la compra de un vehículo eléctrico».

Un mensaje que reforzaba el alcalde Burgos, Daniel de la Rosa, quien afirmaba que «este proyecto además de cumplir con la normativa europea es una apuesta por la salud de los ciudadanos».

La propuesta contó con los votos favorables del bipartito y de Podemos y la abstención de PP, Vox y la concejal no adscrita

Las medidas

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones en la capital burgalesa se hará de forma progresiva y no será hasta el 1 de enero de 2027 cuando los burgaleses empiecen a percibir las primeras restricciones. Ya el 1 de enero de 2030 será cuando la ciudad cuente con las medidas más restrictivas al tráfico.

El Proyecto de Bajas Emisiones contempla la creación de tres zonas: zona cero, que «es la parte de la ciudad que actualmente se encuentra delimitada por bolardos»; zona básica, que «estará delimitada por las calles Madrid y Progreso y por la calle San Lesmes» y una zona ampliada que «llegará hasta la avenida Cantabria, delimitando el área con las calles San Francisco, Bulevar y Plaza Castilla», apunto el edil.

El proceso de creación de las zonas lleva aparejado un calendario de implantación y no será hasta el 1 de enero de 2027 cuando «se implemente la zona básica», que lleva aparejadas las primeras restricciones con la limitación de entrada a vehículos sin etiqueta y con etiquetas B y C y la puesta en marcha de las cámaras de vigilancia.

En este sentido y si bien de forma inicial se contemplaba la restricción de acceso a estos vehículos en días en los que se superen los niveles de contaminación permitidos, Moreno aclaró que la prohibición de acceso se aplicará independientemente de los parámetros de contaminación que haya».

En ese momento, apunta Leví, «todos los burgaleses deben estar informados del proyecto y de cuáles son las restricciones para sus vehículos». Ya a partir del 1 de enero de 2030, «el espacio limitado al tránsito estará ya ampliado».

Tal y como señala Moreno habrá excepciones. «Podrán acceder a las zonas reguladas los residentes empadronados independientemente de lo contaminante que sea su vehículo» así como «vehículos de servicios municipales y de emergencia, de movilidad personal o vehículos que tengan que acceder a un negocio ubicado en la zona limitada».