Condena al asalto ganadero en Salamanca y críticas a Vox por alentarlo con «promesas imposibles»
Funcionarios de Burgos lamentan que la Junta de Castilla y León les haya «ninguneado» y exigen que se persone como acusación particular si las investigaciones judiciales señalan a algún imputado
Concentración de apoyo en Burgos a los funcionarios de la Junta tras el asalto de ganaderos en Salamanca.
Los sindicatos con representación en la Junta de Castilla y León en Burgos cierran filas para defender a los compañeros que el pasado 5 de junio fueron objeto de insultos y amenazas durante el asalto de un grupo de ganaderos en Salamanca. A la hora de visibilizar su malestar, no sólo han firmado un manifiesto conjunto condenando el ataque, sino que además se han concentrado este martes frente a la Delegación Territorial para visibilizar su «rechazo total» a la postura adoptada por el Gobierno autonómico.
El principal objetivo de USCAL, CGT, CSIF, UGT y Comisiones Obreras es que este asalto «no se vuelva a repetir». En este sentido, el presidente de la Junta de Personal en Burgos y representante de USCAL, José Vicente Caro, ha indicado que los jefes de sección de Sanidad Animal de toda la Comunidad se sienten «acosados». Especialmente el de Salamanca, Javier García, una «persona totalmente integrada» que lleva años «desempeñando unas funciones ejemplares».
En la misma línea, el delegado sindical de CGT, Basilio Villacorta, lamenta que no se haya respaldado a aquellos funcionarios que «no han hecho más que cumplir con su deber» y que fueron «leales al Gobierno autonómico» tras advertir, a través de un informe, que la postura adoptada por la Consejería de Agricultura «atentaba contra normas de rango superior».
«Vox ha entrado como un elefante en una cacharrería y lo que pretende es que la Administración sea un tentáculo más de sus estrategias», lamentaba Villacorta después de cargar contra el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, porque «en ningún momento ha defendido a nuestros compañeros». Compañeros a los que, por cierto, no se puede exigir su dimisión porque «son funcionarios de carrera y no de libre designación».
El problema de fondo, a juicio de los sindicatos, reside en que Vox ha lanzado una serie de «promesas imposibles de cumplir» habida cuenta de los estándares agroganaderos fijados por la Unión Europea. Sin embargo, tal y como exponía Caro, hay sectores del campo que se han visto «alentados por partidos políticos» para esquivar sus responsabilidades buscando cabezas de turco.
«Mañana puede ser un ataque a cualquier otro de los compañeros que desempeña otras funciones», advertía el presidente de la Junta de Personal. No en vano, duda que se pueda replicar un asalto como el de Salamanca en Burgos, al menos por ahora, porque «estamos en una situación sanitaria muy buena». Es decir, «libres de tuberculosis».
Sea como fuere, los sindicatos exigen al Gobierno autonómico que se persone como acusación particular en caso de que las investigaciones judiciales en curso señalen a algún imputado. Por otro lado, condenan tajantemente la postura del consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, tras declarar que el asalto «no iba contra nadie». En definitiva, lo que piden abiertamente estas organizaciones es que «determinados partidos políticos dejen de utilizar a las empleadas y empleados públicos para sus tejemanejes electorales».