La Oficina Antiocupación en Burgos registra tres casos y ocho consultas

La Cámara de la Propiedad Urbana de Burgos se ocupa de los problemas de ocupación o impagos de renta de propietarios de la ciudad. Ahora este servicio se gestiona con la puesta en marcha de una Oficina Antidesahucios tras un firmar un convenio a nivel regional con la Dirección General de Vivienda de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. Desde que en mayo se articuló este servicio, se han gestionado ocho consultas.

«Son tanto consultas telefónicas como presenciales y las ocupaciones que describían han sido de distinta naturaleza, de los ocho casos había tres ocupaciones efectivas en las que se ha iniciado las actuaciones, en algún caso penal y en otras civiles», explicó el gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Burgos, José Muñoz Plaza. El responsable de este servicio constata que «la tendencia de las ocupaciones va en aumento».

Para la directora general de la Vivienda, María Pardo, considera que «la vulnerabilidad hay que tratarla, pero no arrasando al propietario». Señala que la institución tiene un parque de viviendas sociales, una red que «estamos incrementando de aquí a 2026 y vamos a construir viviendas públicas, para jóvenes y tenemos una red de atención a los más vulnerables». Considera que son las administraciones quien tiene que cubrir esas situaciones de vulnerabilidad y no el propietario. 

«Igual tendremos que llegar a acuerdos con los propietarios a través de subvenciones del alquiler, alcanzar una solución legal en la que los principios de ambas partes estén en equilibrio y no absolutamente descompensados». Destaca que la puesta en marcha de esta oficina permitirá aclarar dudas a los propietarios y que no detraigan su bien mobiliario del mercado del alquiler por miedo.

Los propietarios pueden ponerse en contacto con estas oficinas, en caso de dudas, a través del teléfono 012, que derivan los casos a la oficina antidesahucios, pero también a través de la propia web de la Junta de Castilla y León. Técnicos de la Cámara de la Propiedad Urbana atienden sus dudas. «Con estas oficinas pretendemos informar y asesorar de forma preventiva para que no se produzca la ocupación, asesorarle si el hecho ya se ha producido y continuar con él en el caso que decida, por ejemplo, acudir a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para intentar poner fin a esa situación lo más rápido posible», señaló García.

Este servicio está destinado a propietarios particulares aunque no está cerrado para el asesoramiento de grandes tenedores o entidades financieras con bienes inmobiliarios. «Son oficinas que se abren a todos los ciudadanos que quieran o entiendan que tienen este problema, pero entendemos que las empresas que tienen una pluralidad de viviendas, normalmente, van a tener su propia asesoría jurídica, aquí nos fijamos en el más vulnerable, en el pequeño propietario que tiene sus ahorros en una vivienda y que, de repente se ve en una situación de absoluta desprotección», concluyó.

Muñoz Plaza criticó duramente la entrada en vigor de la ley de vivienda con la que «se tensiona todavía más con la entrada en vigor de la ley de la vivienda reciente, se tensiona todavía más el conciliar el derecho a la vivienda con la vulnerabilidad d aquellas personas que carecen de recursos porque dificulta o obstaculiza muchísimo la posibilidad o el tiempo de recuperación del inmueble». Esta oficina busca suplir esas carencias que, según la directora general de Vivienda «no hemos sido escuchados». Señaló que «de momento, con la legislación vigente, lógicamente, en el respeto institucional y legal que tenemos que tener las comunidades autónomas, esto es lo poco que podemos hacer», sostuvo Pardo.