Cuenta atrás para la protesta de abogados y procuradores: «La Justicia es una cuestión de Estado»

Tras anunciar una movilización en todas las sedes judiciales el 28 de junio ante el bloqueo generado por la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia, el Consejo General de la Abogacía Española ha emitido un comunicado, suscrito por la decana del Colegio de Abogados de Burgos, Mónica Pérez Villegas, en el que se pone de manifiesto la necesaria «implicación de todas las administraciones y los operadores jurídicos en la búsqueda de una solución a la paralización de la Justicia».

«La Justicia es una cuestión de Estado». Con esta declaración de intenciones, Pérez Villegas y los otros 99 miembros del Consejo exponen públicamente que «la paz social en toda sociedad democrática depende, en buena parte, de que esta disponga de un servicio público de Justicia que resuelva los conflictos». Es decir, «un servicio público que soluciona los problemas de la gente, protegiendo sus derechos y libertades».

Pese a las «deficiencias y retrasos, impensables en cualquier otro servicio público», los máximos representantes de la Abogacía lamentan que se hable de la «crisis de la Justicia», en «singular», como si «fuera consustancial al propio servicio que la Justicia presta a la sociedad». Visto lo visto, da la impresión de que «la Justicia no parece haber importado mucho, o al menos no lo suficiente, sea cual fuere el color de los gobiernos, tanto estatal como autonómicos». 

«No ha existido aún una legislatura en nuestra democracia en que se haya modernizado verdaderamente este servicio público», prosigue el comunicado con intención de denunciar un agravio comparativo con otras áreas como Educación o Sanidad. En este sentido, el Consejo General de la Abogacía Española sostiene que «las iniciativas de cambio impulsadas hasta la fecha no han gozado de suficiente voluntad política o han perecido por la falta de visión de Estado, o de mero sentido institucional, incluidos los vaivenes del cortoplacismo».

Después de la pandemia y de una huelga de letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que estuvo «congelando nuevamente la actividad durante meses», así como el «reciente conato de la huelga de jueces y fiscales», la inquietud se apodera de la profesión tras observar que el parón de los funcionarios, que ya supera los dos meses de duración, carece de «control efectivo» y del «cumplimiento de los servicios mínimos» mientras se prolonga «sin viso alguno de solución».

«De nada han servido durante estos últimos años las llamadas de auxilio ante la precariedad del ‘paciente’. De nada las continuas peticiones de responsabilidad a unos y otros. Las alertas persistentes y contundentes han caído en saco roto. Con este panorama, España arranca su Presidencia Europea con una Justicia que podría considerarse al borde de la quiebra técnica», advierte el escrito del Consejo antes de remarcar que «la Justicia vive uno de sus peores momentos del periodo democrático». 

Por todo ello, tanto el Consejo General de la Abogacía como los procuradores se concentrarán en las sedes judiciales de todas las ciudades de España para exigir la «urgente e inmediata reactivación del servicio público, por el bien del país y de la ciudadanía». A modo de conclusión, y volviendo al lema de que «la Justicia es una cuestión de Estado», este manifiesto deja claro que «demostraremos que creemos en ello antes de que sea demasiado tarde».