El bipartito estima que el coste del cívico de Fuentecillas subirá un 30%
El proyecto se encuentra en fase de revisión para ajustar los precios y se baraja incluir alguna mejora / Tras aprobar la modificación se volverá a licitar la obra
El nuevo centro cívico de Fuentecillas se encarecerá más de un 30%, según las estimaciones preliminares efectuadas por el equipo de Gobierno. Así lo avanza la portavoz municipal, Andrea Ballesteros, conocedora como corporativa en el anterior mandato y actual presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales de la necesidad de esta instalación y los escollos que frustraban la materialización de este proyecto el año pasado.
Asegura, de hecho, que tenerlo listo cuanto antes será una «absoluta prioridad» para el nuevo bipartito de PP y Vox. «Tras la rescisión del contrato, estamos valorando el incremento del coste mediante la actualización del estudio de detalle con los proyectistas y la oportuna revisión de precios», explica Ballesteros, para añadir que ese más del 30% extra se deberá también a la incorporación de algunas mejoras.
Estas novedades -impulsadas en parte por cambios normativos- afectarán a la eficiencia energética del edificio y a los columpios que lo acompañarán, entre otros detalles aún por rematar.
En el primer intento, el proyecto de ejecución marcaba un precio de licitación de 5,2 millones -que fueron4,5 finalmente- y un plazo para el desarrollo de la obra de 20 meses.
La portavoz municipal indica que habrá nuevos contactos con los redactores del proyecto y una vez culmine la valoración en ciernes se someterá a aprobación el modificado de la propuesta. Será entonces cuando comience de nuevo el trámite administrativo que, si nada se tuerce esta vez, habría de culminar con el cívico en pie y listo para atender a los vecinos de San Pedro de la Fuente y Fuentecillas, tras años reclamando esta dotación. En concreto, se iniciaría un procedimiento ordinario de licitación para adjudicar la ejecución de la obra.
De hecho, en abril de este mismo año la Junta de Gobierno Local daba luz verde al relanzamiento del proyecto para sacar a una nueva licitación las obras, algo que en aquel momento confiaban en que ocurriera este año, puesto que se había reservado en la modificación presupuestaria que no se llegó a aprobar antes de las elecciones una partida de 540.000 euros para pagar las primeras certificaciones de trabajos.
Se aprobó entonces ampliar el contrato con el estudio de arquitectura Barrio y Cameno para modificar el estudio de detalle con el fin actualizar los precios y adaptar el proyecto a la nueva normativa de edificación. El contrato con este equipo tuvo un importe de 96.000 euros y se amplíaba en casi 16.000 euros.