El PSOE urge la aprobación definitiva de la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones

En la serie de cuestiones pendientes de aprobación y con las que el PSOE, miembros del anterior ejecutivo local, afean la paralización del equipo de gobierno de Cristina Ayala está el desarrollo de la modificación de la ordenanza sobre la Zona de Bajas Emisiones. En mayo se presentó el proyecto de implantación. Desde entonces ha tenido dos alegaciones, pero «plantean una convocatoria vacía de contenido en el área de Movilidad, sólo nombramientos, periodicidad... daremos a conocer al nuevo concejal las obligaciones y responsabilidades porque o se desconocen o son incapaces de gestionar». 

Para Temiño es urgente la aprobación de la ordenanza relativa a la zona de Bajas Emisiones. «Está aprobada, ¿a qué espera? ¿quieren perder los fondos europeos?», señaló. Considera que se van a perder dos meses, cuando la previsión en la presentación de mayo era que esta tramitación estuviera aprobada en el mes de septiembre. 

El reglamento de uso de la zona bajas emisiones tiene dos alegaciones y Temiño lo comparó con la ordenanza de movilidad que se encontraron al llegar a las responsabilidades de gobierno hace cuatro años. «Esa ordenanza tenía700 alegaciones, y se planteó su aprobación,  ¿Me pueden decir que han hecho en estos dos meses para resolver esas dos alegaciones y llevar la ordenanza a su modificación definitiva?».

Restricciones en 2027

El documento del anterior ejecutivo planteaba una reforma de la ordenanza de movilidad  con un plan de restricción de acceso a la almendra central de la ciudad que empezaría a aplicarse de forma progresiva a partir del 1 de enero de 2027 y no sería hasta 2030 cuando la ciudad contara con las medidas más restrictivas al tráfico. 

El proyecto de bajas emisiones contemplaba la creación de tres espacios: la zona cero, que está limitada por los bolardos de acceso al centro; la zona básica delimitada por las calles Madrid, Progreso y San Lesmes; y la zona ampliada que comprendería el espacio entre la avenida Cantabria, las Calles San Francisco, el Bulevar y la Plaza Castilla. 

Las restricciones al tráfico tienen que ver con los vehículos sin etiqueta y aquellos que tienen una etiqueta B y C. Para contralar el acceso de estos vehículos la ordenanza lleva aparejada la instalación de un sistema de cámaras de vigilancia. Se planteaban 58 puntos de control de entrada y salida de vehículos y 60 cámaras añadiendo la modernización del equipamiento de accesos al centro histórico. Esta implantación tiene un coste de 3,5 millones de euros de los que el Ayuntamiento aportaría 900.000 euros y los fondos europeos Next Generation aportarían el resto. 

En el debate en pleno de la aprobación inicial de esta ordenanza, el Partido Popular, entonces en la oposición, ya planteó que la relevancia de la Zona Básica de Emisiones implicaba una ordenanza propia y un marco jurídico que aportara certezas. El actual concejal de movilidad, José Antonio López, señaló durante la celebración de San Cristóbal que la puesta en marcha de la ZBE es «una imposición legal que no podemos ignorar pero nuestra intención es que afecte lo mínimo posible a los burgaleses, reducir su impacto en todo lo que podamos», señaló entonces.