La Asociación por la Memoria Histórica denunciará a Da Silva en Fiscalía por un delito de injurias

Las polémicas declaraciones del presidente de la IGP Morcilla de Burgos, Roberto Da Silva, sobre la memoria histórica se han hecho virales y, ahora, la Asociación por la Memoria Histórica las llevará a la fiscalía. «La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presentará un escrito a la Fiscalía para que lo investigue un delito de injurias», señalan en una nota de prensa. 

Consideran que «ha difamado e injuriado a las familias que buscan a desaparecidos por la represión franquista» al afirmar que «las víctimas de franquismo buscan en las fosas a sus abuelos para cobrar una pensión que no existe». El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, asegura que «es algo que supera el derecho a la libertad de expresión porque la intencionalidad de estas afirmaciones es hacer daño a las víctimas del franquismo, injuriarlas al ridiculizar su dolor y reducir la búsqueda de un ser querido a un objetivo económico». 

Silva, que es nieto del primer desaparecido por la represión franquista identificado por prueba genética, considera que «si alguien públicamente dijera algo similar sobre las víctimas del terrorismo intervendría la justicia inmediatamente y eso es lo que debería ocurrir también en este caso, que el Estado saliera de oficio». Desde la asociación recuerdan que «las familias de los desaparecidos por la represión franquista no han recibido compensación alguna como sí lo han hecho víctimas de otras violencias y otros terrorismo». 

Por otro lado, el comentario de «si no han conocido a su padre algunos, a tu madre sí, pero a tu padre no sabes quién era», consideran desde la ARMH supone «revictimizar a las personas que han sufrido los delitos más graves que se pueden cometer contra un ser humano: detención ilegal, es decir, secuestro; torturas; asesinato; y, finalmente, ocultación del cadáver». 

Consideran que «ridiculizar el sufrimiento de estas familias y hacerlo públicamente (...) merece que el Estado investigue un posible delito de injurias y lleve a cabo las actuaciones correspondientes». Para este fin, la asociación ha remitido un escrito, adjuntando el audio de la intervención de Roberto Da Silva, a la Fiscalía General del Estado para que «tome las medidas necesarias para sancionar tales hechos y valorar si la emisora tiene alguna responsabilidad al respecto por haberlos publicitado y no haber rectificado».