Procuradores y abogados denuncian la suspensión de juicios sin motivo en la huelga
Elevan al CGPJ y al TSJ lo sucedido en el juzgado 2 de Villarcayo durante los paros
Concentración de procuradores, abogados y graduados sociales.
El conflicto abierto en la administración de Justicia por la huelga iniciada primero por los letrados de la administración de Justicia y después por los funcionarios ha tenido otros efectos colaterales que no solo han afectado de forma directa a la ciudadanía.
También ha abierto una grieta entre los operadores jurídicos, después de que los procuradores, los abogados procuradores y graduados sociales se concentraran durante la huelga -desconvocada a la espera de que se forme nuevo gobierno- para exigir el fin de la «paralización» y se denunciara, en palabras del decano del Colegio de Procuradores de Burgos, Elías Gutiérrez, que «no hay derecho a que ciertas personas vengan a trabajar y digan que no mueven un papel porque están de huelga».
Esas palabras, que fueron criticadas por el sindicato CSIF, que llegó a pedir la dimisión de Gutiérrez, se han transformado en una queja de procuradores y abogados por la vía administrativa que se ha elevado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a la secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) y a la coordinadora provincial de los letrados de la administración de Justicia. Y lo hacen sobre hechos concretos sucedidos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Villarcayo el 5 de julio, un día después de que se desconvocara la huelga de funcionarios.
En la denuncia presentada se recuerda que ese día había señaladas tres vistas. Cuando los profesionales acudieron a esos actos, según el escrito presentado por los procuradores y abogados, mientras estaban esperando a la puerta de la sala de vistas con un funcionario «necesario para la celebración de la vista», este señaló que «no hay ningún problema en celebrar ya que él no estaba de huelga y no lo había estado desde que se convocó». Comentario que causó «enorme sorpresa e inquietud» entre los presentes. A continuación, siempre según la denuncia, se informa que los letrados de la administración de dos juzgados se van a reunir para hablar con la coordinadora provincial porque «según les informan, USO no ha levantado la huelga y siguen los servicios mínimos».
Después de una hora de espera, se indica a los profesionales que estaban esperando para la primera vista que pasen a la sala y se les informa de que el «auxilio judicial está de servicios mínimos y que por tanto no se puede celebrar». Uno de los procuradores, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Burgos, acude al despacho de la letrada de la administración de Justicia para pedir explicaciones y ella le confirma que al haber servicios mínimos no se puede celebrar la vista y se trata de casos que no están incluidos dentro de los servicios mínimos de una huelga que se había desconvocado el día anterior.
Los procuradores y los abogados denuncian este caso como un ejemplo de que «se ha impedido el derecho de tutela judicial efectiva durante dos meses en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Villarcayo». Los denunciantes añaden que el funcionario de auxilio judicial «no ha estado de huelga en ningún momento durante el periodo indicado». Aportan como dato que «llama poderosamente la atención» que durante el mes de junio de 2022 este juzgado emitiera 541 notificaciones y durante el mes de junio de 2023, periodo de huelga, 628 notificaciones, «es decir, hay más notificaciones en el mes de junio del 2023 con huelga, que en junio de 2022 sin huelga».
Los procuradores y abogados añaden en su queja que por algún funcionario de ambos juzgados «se ha venido a manifestar que recibían instrucciones en el sentido de que, aunque no hicieran huelga, tenían que realizar únicamente los trabajos referidos a ‘servicios mínimos’». Mientras, «a los profesionales cuando durante estos dos meses de huelga acudían a solicitar información sobre sus procedimientos se les alegaba que estaban de ‘servicios mínimos’». Y añaden que «se tiene conocimiento de la existencia de alguna diligencia de ordenación emitida por la letrada de la administración de Justicia que puede corroborar los hechos aquí denunciados».
Abogados y procuradores consideran que es «claro» que se han suspendido «de manera injustificada» numerosos procedimientos y están recopilando datos. Del mismo modo, apuntan que algunos de estos hechos «pudieran ser constitutivos de ilícito penal».