Piden que el expresidente de la IGP Morcilla de Burgos «trabaje como voluntario en una exhumación»

Dicho y hecho. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha registrado ante la Fiscalía General del Estado la pertinente denuncia por injurias contra el expresidente de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Morcilla de Burgos, Roberto da Silva, por sus «lamentables declaraciones» en Radio Evolución sobre las víctimas del franquismo en las que acusaba a sus familiares de cobrar «una pensión de 400 euros». 

«Son declaraciones despreciables», remarca el presidente de la ARMH, Emilio Silva, restando credibilidad a la versión dada por el empresario morcillero sobre su exabrupto «sacado de contexto». De hecho, se muestra partidario de que «lo condenen a una sanción y a realizar trabajos para la comunidad trabajando como voluntario en la exhumación de una fosa común para que conozca de primera mano de qué estamos hablando».

Una vez dirigido el escrito al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el presidente de la ARMH señala que «las víctimas de otras violencias no tienen que hacer este tipo de denuncias porque el Estado las protege de oficio». Sin embargo, lamenta que en este caso «las víctimas del franquismo son marginadas» porque su «dolor y sufrimiento» no se considera un «asunto público».

Más allá de las opiniones vertidas por Da Silva, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pone de manifiesto en su denuncia que «las víctimas de los desaparecidos forzados por la represión franquista no han recibido compensación económica alguna como sí lo han hecho víctimas de otras violencias y de otros terrorismos» pese a que «tendrían derecho» a hacerlo tal y como estipula la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas que España ratificó en el año 2009. 

A continuación, la ARMH expone que las declaraciones del entonces presidente de la IGP Morcilla de Burgos -cesado, precisamente, por este motivo- constituyen una «cosificación y deshumanización de las víctimas del franquismo». Hasta el punto de intentar convertir a sus familiares en personas «sin sentimientos» cuya única pretensión es «cobrar por haberlo pasado muy mal». 

Aparte de subrayar que la intención de Da Silva era «engañar a personas que pueden creer que son ciertas esas afirmaciones y atacar la dignidad y la reputación de las familias», la ARMH anima a la Fiscalía a «valorar si la emisora tiene alguna responsabilidad al respecto» por publicitar los hechos denunciados y «no haber rectificado en modo alguno».

Sobre la visión del empresario respecto a la relación que pudieran tener los nietos o bisnietos de los desaparecidos, Silva recuerda que él mismo fue «educado por un hombre que con diez años y después de que un grupo de pistoleros falangistas asesinaran a su padre, tuvo que dejar la escuela y no volver a pisarla nunca más». 

De esta manera, deja claro que «he sido educado directamente por el trauma que generó toda aquella violencia franquista Y nadie indemnizó a mi abuela, ni a mi padre, ni existe pensión alguna por que mi abuelo fuera exhumado de una fosa, sin ninguna ayuda del Estado e identificado por una prueba de ADN».

Por contra, el presidente de la ARMH indica que «a las familias de las víctimas de lo que Franco llamaba violencia marxista recibieron pensiones, becas, estancos, gasolineras y puestos en la administración para toda la vida». Es decir, «algo que se hizo con el dinero de todos pero sólo para unos».