Las inspecciones en turismo se centran en el control de pisos de uso turístico

Mantener unos estándares de calidad y garantizar los derechos de los turistas. Estos son dos de los objetivos del Plan de Inspecciones Turísticas de la Junta de Castilla y León, que ha entrado en vigor en 2023 y que se prolonga hasta 2026. Pero no es menos importante la lucha contra la actividad clandestina, es decir identificar cualquier negocio que no esté dado de alta de acuerdo a la normativa vigente y, por poner un ejemplo, los pisos o casas rurales que funcionan sin habilitación.

Hasta el 30 de junio el Servicio Territorial de Turismo de la Junta de Castilla y León ha realizado 174 inspecciones en la provincia de Burgos. El 90% de ellas, un total de 160, han ido dirigidas a la vigilancia de alojamientos y de restauración.

Las sanciones en este tiempo, los seis primeros meses del año, han sido 17, apenas un 10% de las visitas realizadas por los inspectores culmina con un expediente sancionador por lo que se entiende que el grado de cumplimiento de la normativa es elevado.

Las inspecciones a viviendas de uso turístico encabezan este 2023 el número de reconocimientos en materia de alojamiento por parte de los trabajadores del área de Turismo. El 40% de las visitas se ha realizado a este tipo de pisos que, en su mayoría se gestionan por particulares, que las promocionan en portales o aplicaciones de Internet. Hasta 68 se han cursado este ejercicio, según los últimos datos facilitados, y cuatro ha derivado en una sanción.

Le siguen las casas rurales con un total de 24 y una sanción, así como los alojamientos hoteleros con 20 inspecciones y 3 sanciones.

La actividad hasta el 30 de junio se completa con la visita a cuatro apartamentos turísticos y 3 albergues, uno de ellos fue multado, según los datos facilitados por la administración regional.

En el apartado de restauración se contabilizan hasta 44 comprobaciones en distintos establecimientos con un resultado de cuatro sanciones.

La actividad inspectora en la provincia de Burgos se completa con la visita a agencias de viaje, campings, empresas que promocionan actividades de turismo activo y también se enfocan hacia los guías turísticos, que ejercen la actividad con grupos. 

Este año se ha visitado una agencia de viajes con el resultado de tres sanciones y 10 empresas de turismo activo, sin la apertura de ningún expediente. Otra sanción se ha producido sobre un guía turístico.

La actividad inspectora se ejerce de oficio, pero también puede desarrollarse como consecuencia de las reclamaciones presentadas por usuarios de los establecimientos.

Los turistas que hacen uso de cualquier servicio tienen como garantía en el caso de que sientan que no se cumple con lo que han contratado el respaldo de la Ley de Turismo de Castilla y León. Los particulares pueden presentar reclamaciones y denuncias si sienten que sus derechos han sido vulnerados.

Como se indica en el Plan de Inspecciones Turísticas, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) el pasado noviembre, la vigilancia de las declaraciones responsables, que presentan los empresarios para dar de alta una actividad o bien para comunicar algún cambio es una de las tareas preferentes de los inspectores de turismo.

Tradicionalmente, las infracciones más habituales denunciadas tienen que ver con dos motivos fundamentales. El primero ha sido la realización de la actividad turística sin haber presentado la correspondiente declaración responsable. Y el segundo es la no exhibición de los distintivos acreditativos de la clasificación y, en su caso, la categoría y el aforo. Las sanciones más habituales por estas dos cuestiones son multas de 60 y 100 euros, respectivamente.

2022, 855 inspecciones

El pasado ejercicio de 2022 supuso un récord en cuanto al número de inspecciones realizadas en la provincia de Burgos si se comparan los datos de las anualidades anteriores, sin tener en cuenta el ejercicio de 2020 marcado por los condicionantes de la pandemia.

Las 855 visitas realizadas supusieron el registro de 22 sanciones en total y 169 de ellas se dirigieron hacia las viviendas de uso turístico con el resultado de cuatro sanciones. Llama la atención las 460 inspecciones realizadas en bares y restaurantes de la provincia de Burgos, aunque la proporción de multas es bastante baja con apenas siete. En 2021 se contabilizaron 661 con un centenar de visitas a pisos turísticos.