Preocupación en la plantilla de Aspanias por el impago de la nómina de julio
El comité de empresa evita hacer declaraciones y se da de margen hasta el 5 de septiembre
Imagen de archivo de una concentración de trabajadores de Aspanias.
Los trabajadores de Aspanias Burgos han hecho público su malestar ante el impago de la nómina del mes de julio, una situación que hace despertar viejos fantasmas que llevaron a desarrollar varias movilizaciones durante 2022.
A través de las redes sociales, algunos trabajadores o familiares han difundido la situación de desconfianza hacia la empresa que presta servicio y cuidados a decenas de personas con alguna discapacidad.
Desde los comités de empresa de la Fundación Aspanias confirman la situación de que falta de cobrar esa nómina de julio, aunque indican que la extra de verano si se llegó a ingresar a los trabajadores. Por ahora, están en un momento en el que prefieren no hacer declaraciones de manera oficial porque quieren dar de margen a la empresa harta el 5 de septiembre, fecha en la que debería estar ingresada el salario correspondiente al mes de agosto y quizá también el que falta de julio.
Así, indican que están en contacto con la empresa y confían en que se «encauce la situación» antes de esa fecha.
A través de distintos grupos de redes sociales se ha compartido que los «trabajadores están en el alambre» con la idea de difundir este impago que se hacía efectivo a 5 de agosto. También se añade que les faltaba de cobrar «atrasos» correspondientes a 2022, que se tenían que haber hecho efectivos en las últimas semanas.
Los mensajes animaban a compartir y a empatizar con los trabajadores de Aspanias «por la labor que hacen hacia tantas personas que lo merecen y necesitan». Además, se llama la atención sobre la dificultad añadida de trabajar con esta «incertidumbre».
Hace poco más de un año la plantilla de Aspanias denunciaba un descuelgue salarial encubierto tras 10 años de congelación salarial. Y ponían de relieve que la situación de deuda que vivía la entidad para la que trabajaban abocaba a los empleados a no ver mejoras en sus condiciones por los próximos ejercicios. En aquellos días, según la auditoría presentada por Plena Inclusión, el agujero alcanzaba los 8,5 millones de euros y se planteaba una refinaciación a 4 años.