Predif se encomienda a Ayala para cobrar una deuda del Plan Estratégico de Burgos
Siete años después de elaborar una guía de turismo accesible para Burgos, esta asociación, que trabaja con personas con movilidad reducida, espera su dinero
El presidente de Predif, Francisco Sardón, en el centro, con Salvador de Foronda y Javier Lacalle, en una imagen de archivo.
La esperanza es lo último que se pierde y más cuando se trata de cobrar una deuda. 15.000 euros ni más y menos. Esta es la cantidad que la Asociación Plan Estratégico, entidad creada por el Ayuntamiento de Burgos en 1999 y configurada como parte del sector público, adeuda a la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (Predif).
Ignacio Osorio, director general de Predif, no renuncia. Y hace un llamamiento a la nueva alcaldesa, Cristina Ayala (PP), para que busque una solución en un intrincado asunto, después de los cuatro años en blanco durante el mandato presidido por el PSOE de Daniel de la Rosa. Ya Javier Lacalle (PP) dejó sin resolver esta cuestión, puesto que fue durante su último mandato cuando se cerró el Plan Estratégico.
El tiempo pasa, los alcaldes se suceden y siguen sin cobrar. «Esperamos que el nuevo equipo entre con buen pie y demuestren que les interese hacer las cosas con el sentido de la responsabilidad que se requiere y teniendo en cuenta al movimiento asociativo», asegura Osorio, que siente que esta administración local «no es de fiar».
Este colectivo reclamó vía judicial la cantidad y los jueces les dieron la razón al estimar su demanda y condenar al pago de esta cifra, que viene de un trabajo realizado: la elaboración de una guía de turismo accesible para la ciudad de Burgos, en la que se analizaron 40 espacios de la capital.
Estos acontecimientos como el encargo del trabajo, su realización y hasta su presentación en una rueda de prensa a la que asistió como alcalde Javier Lacalle se iniciaron en 2016. Siete años después y con un pronunciamiento de la justicia, que no se llegó a recurrir por la parte contraria, siguen sin cobrar.
La Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física es una organización sin ánimo de lucro que presta servicios a personas con problemas de movilidad, en muchos casos derivados de accidentes de tráfico.
Los responsables de esta asociación no entienden que el Ayuntamiento de Burgos abandone a los acreedores de la Asociación Plan Estratégico, puesto que no son los únicos que no han cobrado desde que el plan estratégico emprendió su todavía fallido cierre en mayo de 2017.
«Cuando te llama un ayuntamiento y tratas directamente con el alcalde, pecas un poco de confiado y no te puedes llegar a imaginar que no te van a pagar», recuerda Osorio como si hubiera ocurrido ayer. Sin embargo, han pasado siete largos años. «Tienes el contrato, el trabajo, la recepción del trabajo y en teoría se cobra automáticamente», insiste.
«Tienes el contrato, el trabajo, la recepción del trabajo y en teoría se cobra automáticamente», insiste.
Con Daniel de la Rosa al frente del Ayuntamiento de Burgos la junta directiva del Plan Estratégico, conformada como comisión liquidadora, se volvió a reunir a principios de 2022. El objetivo era concluir el proceso de liquidación como ordenaron varias sentencias judiciales, relacionadas con procesos abiertos por distintos acreedores. Entre ellos se encuentran empresas, asociaciones y particulares que reclaman el pago de deudas contraídas por el Plan Estratégico durante sus últimos años de vida.
De los contactos mantenidos nada saben los acreedores, como confirma Osorio, que indica que nunca han recibido una llamada para conocer cómo iba el procedimiento de liquidación. Ahora, de nuevo el PP en el Ayuntamiento de Burgos, con su socio Vox, que no conoció en activo la Asociación Plan Estratégico, heredan este conflicto.
«Esperamos que recapaciten porque al final los traicionados somos ciudadanos que hemos contratado con una asociación, pero todos sabíamos que trabajábamos para el Ayuntamiento», declara el director general, que reconoce que el 90% de sus clientes son administraciones públicas. «Nunca hemos tenido ningún problema hasta ese momento», lamenta.
El abogado de Predif les traslada que esto ya más que judicial es una «cuestión política que se desbloquee el asunto». Así, Osorio reflexiona que están en manos de la «buena voluntad de la alcaldesa».
Hace ya un año que pensaron en sacar a sus asociados a la calle con pancartas para reclamar el pago de la deuda y no han dado este paso porque «esperábamos y esperábamos». Ahora darán un tiempo prudencial a Ayala, antes de pensar en el siguiente paso y no descartan la movilización.
Predif tiene 3.000 socios en Castilla y León, de los que 150 son de Burgos. A través de sus residencias, centros de día y de fisioterapia atienden a decenas de personas con problemas de movilidad. Su preocupación es la mejora de la accesibilidad en la Comunidad Autónoma.