Burgos mejora los datos de atención residencial nacionales y regionales
Con 7.082 plazas alcanza un 8,09% de cobertura frente al 5,96% de Castilla y León, alabado por el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales, y al 2,69% de España
Dos ancianas miran por la ventana en una residencia de mayores. ISRAEL L. MURILLO
Los burgaleses mayores de 65 que precisen atención residencial están de suerte. Y es que la provincia cuenta con un volumen de plazas por habitante destacado, pues supera con creces los datos regional y nacional. En concreto, la cobertura en Burgos alcanza el 8,09%, frente al 5,96% de Castilla y León -alabado por el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales (DEC)- y al escuálido 2,69% del conjunto del país. Burgos cerró 2022 con 7.082 plazas en residencias, a las que se suman 876 en centros de día.
Los procuradores del PP por Burgos Inmaculada Ranedo y Emilio Berzosa han aportado estos datos, entre otros muchos, en una comparecencia destinada a presumir de la nota obtenida por la región en el mencionado DEC elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Con una calificación de 7,30, Castilla y León -dos puntos por encima de la media nacional- se mantiene desde 2017 como la segunda comunidad autónoma con el mejor desarrollo de su sistema de Servicios Sociales, solo superada por Navarra. Si bien el informe no ofrece datos por provincias, Ranedo ha querido incidir en los vinculados a la cobertura efectiva de prestaciones y servicios, donde sí es posible desglosar algunas cifras, pues dibujan un panorama provincial en consonancia con el regional, incluso mejor en algunos indicadores como el vinculado a plazas residenciales para mayores de 65 años.
Pareja es la situación de la atención en este ámbito destinada a personas con discapacidad. La suma de las 818 plazas residenciales, 1.590 en centros de día y 335 en viviendas tuteladas supone una cobertura del 4,16% en el primero de los casos y del 5,73% en centros ocupacionales y de día, apenas unas décimas por debajo de la 'marca' de Castilla y León (4,3% y 6,2%, respectivamente) pero ampliamente por encima de las medias nacionales, un 1,8% y un 3,2%. "Esto supone que una persona con discapacidad tiene el doble de oportunidades en nuestra tierra", ha concluido la procuradora.
Sobresale también la atención a la dependencia en la provincia, con más de 15.000 beneficiarios de 21.000 prestaciones y sin lista de espera de acceso a las ayudas reconocidas. "Burgos genera doce empleos por cada mil habitantes en este ámbito, con un total de 4.561", ha precisado Ranedo.
En términos regionales, cabe subrayar que Castilla y León obtiene 8,5 puntos en la Escala del Observatorio de la Dependencia, siendo la media estatal 5,1. También destaca en otros aspectos como acogimientos familiares a menores, plazas de alojamiento para mujeres víctimas de violencia de género -con 21 por cada 100 mujeres con orden de protección, frente a las 13 de España- y para personas sin hogar, con 64,2 plazas por cada 100.000 habitantes, siendo la media nacional de 41,2.
En Burgos, según ha indicado la procuradora 'popular', tras insistir en el compromiso del presidente de la Junta de Castilla y León en la lucha contra la violencia de género, existe una casa de acogida con 15 personas víctimas de esta lacra atendidas al cierre del 2022, y un centro de emergencia que presta apoyo a 80 personas.
El informe DEC precisa que en la región también hay servicios cuya cobertura es mejorable. Señala al respecto los datos de ayuda a domicilio que alcanza un 4,2% frente al 5% estatal, aunque la intensidad -en horas- en la misma; los centros de día, a décimas de la media nacional; la teleasistencia, cuyo 5,3% dista del 9,9 nacional pese a la gratuidad de la prestación; y la Renta Mínima de Inserción "que en Castilla y León perciben solo el 4,5% de las personas bajo el umbral de la pobreza, mientras que en el conjunto del país la cifra asciende al 7,7%".
De vuelta a datos provinciales, vinculados todos con la atención a colectivos vulnerables, Ranedo ha detallado que Burgos suma 2.923 beneficiarios de las ayudas para cubrir necesidades básicas en situaciones de urgencia social, 55 para afrontar deudas hipotecarias y 945 para abonar el alquiler de la vivienda habitual. Además, se concedían el año pasado 104 bonos a perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía que no perciben Ingreso Mínimo Vital, 608 bonos de nacimiento (por importe total de 900.000 euros) para adquirir productos básicos y 1.844 bonos destinados a facilitar la conciliación a familias con menores de tres años, un total de 1.973 que recibían 750 euros cada uno.
La procuradora 'popular' ha agradecido la aportación de las entidades del tercer sector y la gran labor de los profesionales que hacen posible obtener los resultados relatados -y reconocidos por el DEC- que evidencia "la eficacia" de la atención prestada, tarea más compleja "dada la realidad demográfica de Castilla y León, con una dispersión de la población y un claro envejecimiento".