El rector de la UBU ve imposible cumplir una ley universitaria que aboca al sistema al colapso

Por si fueran pocos los avatares que han retrasado una apuesta en firme de las administraciones competentes con la creación de la Facultad de Medicina que la UBU demanda, la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) llega para complicar el asunto aún más. Así se desprende al menos de las declaraciones efectuadas por la consejera de Educación, Rocío Lucas, preguntada por los planes de la Junta de Castilla y León al respecto en la apertura del curso académico de la Universidad de Burgos. 

Si bien eludía responder con rotundidad a los efectos que la nueva norma tendrá en ese sentido, insistía en que la prioridad actual es solventar los problemas generados por "el impacto económico que supone la aplicación de la LOSU, que ha nacido sin consenso, sin atender las demandas de los equipos rectorales y las comunidades autónomas y sin financiación económica". 

"Esto es lo que nos preocupa y ocupa", ha afirmado Lucas, para lamentar que lo que conlleva esta nueva legislación es un incremento presupuestario imposible de asumir sin una implantación progresiva y sin financiación por parte del Gobierno a las comunidades autónomas.

Sobre las reivindicaciones de Burgos, y León, de sumar a su oferta la titulación de Medicina, a la que no hizo mención específica en su discurso en el Aula Magna, Lucas ha destacado que "la Junta de Castilla y León apoya las legítimas aspiraciones de todas las universidades", pero, eso sí, esos posibles nuevos grados "deberán aprobarse desde el consenso y en el seno de la comisión académica correspondiente". Este órgano se reunía el pasado mes de julio, según ha explicado la consejera, "y allí se decidió entre todos esperar a la implantación de la LOSU porque es el problema más inminente al que se enfrentan las universidades".

Es de tal calibre el reto que supone que, de hecho, el rector de la UBU, Manuel Pérez Mateos, ha asegurado ya que al campus local le será «completamente imposible cumplir con lo establecido por la norma». «No quiero ser alarmista, pero sí responsable», confesaba ante el auditorio, tras explicar que un informe del Ministerio de Universidades «cifra en un 15% el incremento financiero necesario», lo que implicaría aumentar en 19 millones el capítulo uno del presupuesto de la UBU.

Pérez Mateos concluía al respecto que sin la aportación necesaria «y urgente», el sistema universitario» estará en riesgo de colapsar y, con él, nuestro futuro como país».