Concepción carga contra el «desprecio» a la Justicia que supone negociar con el prófugo Puigdemont

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, ha arremetido duramente este viernes contra la posible amnistía al líder independentista prófugo, Carles Puigdemont, durante la apertura del año judicial 2023-2024 en la sede del TSJ, en Burgos. Casi al principio de su discurso, centrado sobremanera en el conflicto catalán, no ha dudado en arremeter contra el «desprecio» que supone para el Poder Judicial el hecho de «atribuir a una persona huida la condición de interlocutor político principal», lo que vendría a ser «árbitro de los destinos de España», con tal de que el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez obtenga los votos suficientes para mantenerse en la Moncloa. 

«Dar a entender a los sediciosos que tenían derecho a hacerlo sería propinarle un golpe mortal al Estado de Derecho», sentenciaba el presidente del TSJCyL, al término de su discurso, convencido de que este movimiento por parte del Partido Socialista conllevaría la «repetición de las conductas delictivas que realizaron», amén de «poner en entredicho la labor judicial» al «bendecir las conductas ejecutadas con el propósito de destruir España y de atentar contra nuestra norma constitucional».

Amparándose en el «vertiginoso proceso de descomposición que padece nuestro el país», sobre el que ya puso el foco el año pasado, Concepción se mostraba preocupado por los «continuos ataques» que sufren las «principales instituciones del Estado» desde «un sector de la sociedad» con la complicidad, según sus propias palabras, de «una mayoría de los medios de comunicación social». Las consecuencias, a su juicio, ya son visibles a través de «una polarización y una radicalización de comportamientos que es susceptible de lesionar el Estado de Derecho».

Contrario al Derecho de Gracia porque se trata de «una reminiscencia de monarquías absolutas» y «una intolerable intromisión de uno de los poderes del Estado en las competencias y atribuciones de otro», Concepción ha defendido su aplicación en momentos muy puntuales como en 1977, cuando se recurrió a esta figura para favorecer la «reconciliación nacional». Sin embargo, por lo general «se antoja improcedente cuando no existe más que un mero interés particular». 

Pandemia, huelgas y un «gran Pacto de Estado»

En materia de retos a futuro, el presidente del TSJ advertía que la pandemia y las dos huelgas padecidas durante los cinco primeros meses del año (letrados y funcionarios de la Administración de Justicia) ha supuesto una «paralización» de la actividad que no se paliará a corto plazo. Por ello, ha reivindicado una serie de «ambiciosos planes de refuerzo que no siempre son atendidos por quien tiene a su cargo la provisión de medios materiales y personales». 

Al hilo de esta cuestión, pero sin pasar por alto la «radicalización» que percibe entre la ciudadanía, Concepción ha reclamado la reedición de un «gran Pacto de Estado» que facilite «la renovación de las instituciones, una ambiciosa y definitiva modernización de los medios con los que trabaja y las oportunas reformas legislativas que acaben con esta apariencia de contaminación política», auspiciada en gran medida por la visión que se tiene a nivel social «por el modo de elegir el Consejo General del Poder Judicial».