La Ley de Universidades obligaría a la UBU a contratar a 116 nuevos profesores ayudantes doctor

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, ha reiterado ante los miembros del Consejo de Gobierno de la UBU, la «máxima preocupación de la institución por las consecuencias económicas que la entrada en vigor de la nueva Ley del Sistema Universitario (LOSU) acarrea para nuestra Universidad y para el resto del sistema universitario Español» y ha vuelto incidir en que «sin financiación extraordinaria el cumplimiento de esta ley será imposible».

Como ejemplo de ello y apoyándose en datos elaborados por el Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador, Pérez Mateos y el vicerrector José María Cámara Nebreda, han informado a los consejeros que la reducción de carga docente que impone la LOSU implicará la necesidad de cubrir 2.000 créditos al año (un título universitario de grado supone 240 créditos).

Para compensar esos créditos que quedarán sin docencia asignada, la Universidad de Burgos precisaría, ya en el próximo curso, la contratación de nada menos que 116 nuevos docentes con la categoría de Profesor Ayudante Doctor, lo que, en términos económicos, supone un gasto extra de más de 4,5 millones de euros anuales. «Teniendo en cuenta que el resto de las universidades estará en una situación similar, la demanda de profesores se contará por miles en España y resulta imposible contratar a ese número de ayudantes doctores porque no existen en el mercado laboral», ha afirmado Cámara Nebreda.

Tras el informe del rector, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos ha aprobado las memorias de verificación y propuestas de implantación para el curso académico 2024/2025 del Grado en Matemática Aplicada y Computación, del Máster en Ingeniería Biomédica y del Programa de Doctorado en Contabilidad. Será ahora la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl), organismo dependiente de la Junta, quien analice dichas memorias con el fin de otorgar su aprobación a las nuevas titulaciones que la Universidad de Burgos pretende comenzar a impartir el próximo curso.

Asimismo, tras su aprobación por parte del Consejo de Gobierno, se remitirán a Acsucyl las modificaciones sustanciales de las memorias del Grado en Ingeniería de Organización Industrial y del Máster en Ingeniería Informática, estudios que ya forman parte de la oferta académica de la UBU.

Por otro lado, en el apartado correspondiente a Investigación, Transferencia e Innovación, el Consejo de Gobierno ha aprobado la propuesta presentada por el vicerrector competente en estos asuntos, José Miguel García Pérez, por la que se establece una nueva normativa sobre retribuciones mínimas del personal técnico y de gestión de apoyo a la investigación, que establece un suplemento mínimo a la establecida en la convocatoria estatal de 1.000 euros para la categoría de Técnico Superior y de 4.000 euros para la categoría de Máster o similar. Unos incrementos, enfatizó García Pérez, «que han sido negociados y consensuados con los representantes sindicales y que, en la práctica, ya se vienen aplicando en la Universidad de Burgos».

Igualmente, los consejeros reunidos han dado su aprobación a los concursos de dos plazas de promoción interna en la categoría de Catedrático de Universidad, una correspondiente al área de Psicología Evolutiva y de la Educación y otra al de Organización de Empresas, así como el de una plaza de Profesor Ayudante Doctor en el área de conocimiento de Ingeniería de Sistemas y Automática y el de una plaza de Profesor Permanente Laboral en el área de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa.

Por último, en el apartado de asuntos de Gerencia, el Consejo de Gobierno de la UBU ha aprobado la Oferta de Empleo Público del personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) que contempla 4 plazas para puestos con cargo a tasa de reposición de funcionarios de carrera y de otras 3 para para puestos con cargo a tasa de reposición de personal laboral.

También en el ámbito de la Gerencia se ha aprobado la remisión al Consejo Social de la Universidad de Burgos del informe sobre precios públicos de alquiler de espacios universitarios.