La deuda de Burgos con la empresa del parking del Yagüe podría rondar los 5 millones
El Ayuntamiento deberá desembolsar de entrada 2,2 millones para restablecer el «equilibrio económico-financiero» de la adjudicataria entre 2012 y 2020. La concesión acaba en 2032
Aparcamiento de la avenida del Cid, junto al antiguo hospital General Yagüe.
Tras una larga batalla en los tribunales, el Ayuntamiento de Burgos debe afrontar ahora un varapalo judicial que podría conllevar el desembolso de más de 5 millones de euros para compensar las pérdidas de la empresa adjudicataria del parking de la avenida del Cid situado junto al desaparecido Hospital General Yagüe. Así lo determina el auto dictado este miércoles, 18 de octubre, por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1. En dicho fallo, la cuantía fijada para restablecer el «equilibrio económico-financiero» de la concesionaria a raíz el cierre del complejo asistencial asciende a 2,2 millones de euros, pero sólo abarca el periodo comprendido entre 2012 y 2020.
Teniendo en cuenta que el contrato de explotación finaliza a mediados de julio de 2032, el Consistorio se tendría que ver en la tesitura de pagar otros 3 millones. Básicamente, porque el Juzgado sostiene que la cuantía restante debe calcularse aplicando «los mismos criterios utilizados para los años 2012 a 2020». Sea como fuere, conviene tener en cuenta que la resolución es ejecutable pese a que cabe recurso de apelación.
A la hora de plasmar sobre el papel el perjuicio derivado de la pérdida de clientes por el cierre del Yagüe y la apertura del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) en 2012, la concesionaria presentó un informe pericial que partía de la media de los beneficios obtenidos entre 2007 y 2011. Tomando dicha cifra como referencia (101.258 euros) y una vez comparada la cuenta de resultados en los ejercicios venideros hasta 2020, con un saldo negativo de 88.528 euros, el estudio determinaba una cuantía cercana a los 2,4 millones de euros de los que algo más de 300.000 correspondían a «intereses indemnizatorios».
El origen del conflicto se sitúa en la solicitud, de la adjudicataria al Consistorio, del reconocimiento del derecho al restablecimiento del equilibrio económico-financiero del contrato de concesión. Una vez rechazada su demanda, la empresa interpuso un recurso contencioso-administrativo que fue desestimado en 2019. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) estimaría un año después el recurso de apelación de la compañía anulando así la sentencia previa.
De ahí al Tribunal Supremo, que inadmitió el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento con el fin de eludir la compensación reclamada. Ya en 2022, hubo atisbos de mediación dado el interés del Consistorio en evitar males mayores. Pese a ello, ninguna de las reuniones entre las partes culminó en acuerdo sino más bien en todo lo contrario. Así las cosas, 5 millones de euros procedentes de las arcas públicas podrían destinarse de aquí a los próximos años para compensar unas pérdidas a las que se hizo caso omiso desde en su momento.