Zona de Bajas Emisiones de Burgos. El juez declara nulo el contrato con Etralux por falta de «cobertura legal»
PP y Vox anuncian que no recurrirán el fallo y se asesorarán sobre los pasos a seguir en el caso de tener que sacar un nuevo concurso. La demandante, la exconcejal Carolina Blasco, se felicita de que «no se atropellen los derechos de los burgaleses por sacar adelante un contrato sin que exista una ordenanza municipal que lo ampare»
Pegatina de categoría 'B' en un vehículo aparcado en Burgos. SANTI OTERO
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número dos declara nulo el contrato con la empresa Etralux para el desarrollo de las obras para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) por la ausencia de una ordenanza municipal que dé cobertura a las restricciones de tráfico contempladas por el anterior equipo de Gobierno.
Este fallo judicial que se ha notificado a las partes este miércoles se produce cuando ya estaba contemplado que este viernes, en el Pleno de octubre, se iba a aprobar definitivamente la normativa municipal de Movilidad Sostenible con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones.
La sentencia estima el recurso interpuesto por la concejala Carolina Blasco, cuando era portavoz del grupo municipal popular, durante el anterior mandato, con Daniel de la Rosa en la Alcaldía.
Las acciones judiciales motivaron la suspensión cautelar de la ejecución de unas obras, que se adjudicaron en agosto de 2022 en Junta de Gobierno y que preveían la instalación de 53 puntos de control de acceso para regular la entrada de vehículos al área que delimitaron PSOE y Ciudadanos durante el anterior mandato.
Blasco basó su recurso argumentando una serie de irregularidades en el expediente de contratación, pero especialmente se refirió a la ausencia de una Ordenanza municipal que delimite las zonas de bajas emisiones.
El actual bipartito de PP y Vox ya ha anunciado que no recurrirá la sentencia porque considera que se han atendido los argumentos que defendía estando en la oposición. Además, indican que buscarán asesoramiento jurídico para determinar cuáles serán los siguientes pasos a dar, justo en el momento en el que se iba a desbloquear políticamente esta Ordenanza en el pleno que se celebra este viernes, 20 octubre.
La sentencia es clara al afirmar que «la nulidad de la adjudicación es muy manifiesta» por el hecho de que el contrato carece de «cobertura legal» sin la correspondiente ordenanza y su exposición al público para que los afectados pudieran presentar alegaciones.
El juez alude que no se puede alegar «urgencia» de aprobar primero la adjudicación de las obras y, «posteriormente (no sabemos cuándo) se proceda a aprobar la normativa municipal».
El juzgado considera que no existe motivo para que el Ayuntamiento hubiese tramitado la ordenanza de manera paralela al procedimiento para contratar las obras. «Perfectamente pudo el Ayuntamiento realizar un proyecto de ordenanza en el mismo, si no menor, plazo que lleva para realizar un proyecto de obra», especifica.
Perfectamente pudo el Ayuntamiento realizar un proyecto de ordenanza en el mismo, si no menor, plazo que lleva para realizar un proyecto de obra»
La ya exconcejala, Carolina Blasco, considera «satisfactorio conseguir paralizar la ZBE tras demostrarse la nulidad del contrato que el anterior alcalde, Daniel de la Rosa, pretendía convalidar a posteriori». Desde su punto de vista, el nuevo bipartito de PP y Vox pensaba en seguir esa senda al incorporar al orden del día del pleno de octubre la desestimación de alegaciones y la aprobación definitiva de una ordenanza que ya habían anunciado que iba a modificar.
A juicio de Blasco, lo normal hubiera sido que el PSOE hubiera desistido del contrato hace meses y hubiera comenzado la definición de las ZBE en una ordenanza que hoy ya sería una realidad para, a continuación, haber preparado los pliegos de una licitación sin irregularidades.
Ahora están por conocerse las consecuencias de esta resolución judicial contra la que cabría recurso en el plazo de 15 días. El contrato de obras se adjudicó a Etralux, que es la otra parte afectada y que se personó en la causa, por más de 3,5 millones de euros, de los cuales 2,6 millones procedían de fondos europeos.