Zona de Bajas Emisiones. Burgos empieza de cero a redactar una ordenanza, un proyecto y un contrato para su implantación

La sentencia que ha declarado nulo el contrato de obras para implantar la Zona de Bajas Emisiones ha marcado la sesión del Pleno municipal de octubre. Hasta tal punto, que en lugar de aprobarse la Ordenanza de Movilidad como estaba previsto según el orden del día, esta normativa, que provenía del anterior mandato, ha sido rechazada con los 15 votos en contra del equipo de Gobierno de PP y Vox. 

Y todo esto ante la firme oposición del grupo municipal socialista cuyo portavoz, Daniel de la Rosa, reclamó la aprobación de la ordenanza, aunque fuera a ser modificada más adelante, para no «perder más tiempo».

En su opinión, esta normativa no está afectada por la resolución judicial que el socialista afirmó no compartir. «Creo que la única posibilidad es seguir adelante con la ordenanza, tenemos la responsabilidad de contribuir a establecer la ZBE antes del 31 de diciembre de 2024», afirmó en uno de sus turnos de palabra.

La alcaldesa, Cristina Ayala, ha resumido en su intervención los pasos a dar a partir de ahora por el Ayuntamiento de Burgos y ha pedido la colaboración de todos lo grupos por la gran preocupación que existe por la posibilidad de perder algo más de 7 millones de euros de fondos europeos. 

Los 2,6 asignados al desarrollo de las obras de ‘Burgos Central’ y otros cerca de cinco millones vinculados a varios proyectos de peatonalización de calles en la ciudad como la plaza Lavaderos, Francisco Grandmontagne y calle Roma, así como las mejoras de accesibilidad en las paradas de autobús (500.000 euros).

Más concretamente, el Ayuntamiento de Burgos redactará una nueva ordenanza de movilidad que desarrolle la zona de bajas emisiones, se definirá un nuevo proyecto, que marque cuáles son las zonas que se restringen en los momentos de elevada contaminación, y  se iniciará un expediente de un nuevo contrato de obras.

La alcaldesa, que recordó «sin acritud» que el fallo judicial obedece a la gestión realizada por el PSOE en el anterior mandato planteando un contrato de obras sin contar con ordenanza, defendió la decisión de no recurrir. 

Desde su punto de vista, la sentencia «lo cambia todo y desencadena la nulidad de todo porque el contrato tenía que ver con el proyecto».

Para seguir adelante Ayala propone la solicitud al Gobierno de España de una ampliación en el plazo de implantación de la ZBE, como consecuencia de lo expuesto por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2, y «en base a ese imponderable salvar las ayudas de los fondos europeos» concedidas a la ciudad.

Por su parte, De la Rosa, que no comparte el planteamiento de empezar de cero, confía «en el sentido común del ministerio en esta cuestión y espera con el mejor de los optimismos que accedan a ampliar el plazo y que no se pierdan las ayudas europeas».

Más críticos

Otros concejales del PP como el de Movilidad y la portavoz del equipo de Gobierno, José Antonio López y Andrea Ballesteros, respectivamente, fueron más críticos con la gestión realizada por el grupo municipal socialista que ha desencadenado la sentencia, en base a un recurso presentado por la que fue concejala del PP, Carolina Blasco, en el pasado mandato.

Así, por ejemplo, Ballesteros aseguró que el PSOE «se enorgullece de no haber subido las tasas y los impuestos», pero recordó que el fallo judicial va a traer consecuencias económicas a las arcas municipales. 

La concejala indicó que la ciudad tendrá que hacer frente a la resolución de un contrato con la empresa Etralux, que llegó a iniciar los trabajos antes de imponerse las medidas cautelares al inicio del recurso judicial.

Según declaró, «esta es una chapuza con nombres y apellidos: Daniel de la Rosa». De esta manera, expuso que la Ordenanza de Movilidad que iba en el orden del día no podía aprobarse puesto que «era un traje a medida de un contrato que se ha declarado nulo».

El portavoz de Vox y vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, considera «una temeridad» recurrir cuando ya al Ayuntamiento de Burgos se la han impuesto las costas del procedimiento judicial, 3.000 euros. «No vamos a enrocarnos para no llegar a nada», opinó.

El líder de la oposición defendió el trabajo realizado para implantar la Zona de Bajas Emisiones y retó al resto de concejales a buscar algún informe técnico negativo en el procedimiento para desarrollar el proyecto y el contrato.

Ayala cerró el debate pidiendo la colaboración de todos los grupos para sacar adelante un nuevo proyecto «porque no pretendemos saltarnos la ley y queremos regular la contaminación que existe en la ciudad».