La soledad no deseada incrementa las solicitudes judiciales de apoyos a mayores

La soledad no deseada crece, es un hecho. Se llama así a la realidad que afecta a las personas mayores que carecen de relaciones directas o cuyos vínculos son muy débiles. El envejecimiento de la población y el cambio del perfil de las familias que llegan a una edad avanzada, con más solteros, matrimonios sin descendencia o, si los hay, un número mínimo de hijos en comparación a las extensas proles de antaño, alimentan una situación que, si bien se define como una percepción subjetiva de la persona, repercute en la prestación de servicios sociales.

Bien lo saben en Fundamay, organización regional dedicada a prestar apoyos para el adecuado ejercicio de la capacidad jurídica de personas mayores que por su enfermedad o discapacidad no pueden hacerlo por sí mismas. Indica su directora, Ana Rodríguez, que la asistencia la prestan por decisión judicial, siempre y cuando la familia o allegados no puedan hacerse cargo de la persona con discapacidad. O no quieran. En este sentido, la entidad percibe una tendencia un tanto preocupante.

«Hemos detectado un incremento de propuestas de apoyos a personas que viven en sus domicilios solas o con algún hijo discapacitado a su cargo y que el resto de descendientes no pueden o no quieren hacerse cargo de ellos. Hasta hace unos años lo habitual es que las personas que nos derivaban los juzgados carecieran de familia pero hoy en día recibimos muchos casos que pese a tener allegados directos no se hacen cargo de sus cuidados», indica la directora de Fundamay.

Y Burgos no es una excepción en este sentido, según confirma Rodríguez, para subrayar que, al margen de las circunstancias, la labor de Fundamay cuando acepta el cargo de curador -que así se denomina oficialmente al que presta esos apoyos- es «cuidar, en el sentido más amplio de la palabra». Lo hacen en el ámbito personal, sanitario, jurídico, económico y patrimonial. «Realizamos las funciones que desempeñan muchas familias con sus miembros con discapacidad o dependientes, aunque nuestra intervención es más profesional, porque es imposible sustituir a una familia bien estructurada», relata la responsable.

Con todo, salvando esa distancia, los apoyos que prestan tienen que ver con el lugar de residencia -vivienda particular o centro-, adquisición de ropa, calzado, contratación y pago de empleados de hogar o ayuda a domicilio, control y gestión de citas médicas, seguimiento de cuentas bancarias y autorización de movimientos, gestión de herencias, alquileres o ventas de inmuebles, pago de impuestos o representación en cualquier acto administrativo o judicial, además de tramitación de pensiones, ayudas y prestaciones sociales.

Para desarrollar este papel existen figuras diversas, redefinidas recientemente con la entrada en vigor de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, marco que además de introducir cambios de concepto ha disparado el volumen de trabajo de juzgados y organizaciones, al fijar un plazo de tres años para revisar las sentencias dictadas y las medidas en vigor.

Así, el término tutela ya no existe para los mayores de edad, pues la nueva norma limita el uso de este término para menores. En su lugar, la principal medida de apoyo de origen judicial es la curatela, cuyo alcance en cada caso lo determina una resolución judicial. En Burgos, Fundamay cerraba el año pasado con 37 activas, aunque llegaba a asumir un total de 47 de las que 10 se daban de baja a lo largo del ejercicio mayoritariamente por fallecimiento del beneficiario.

«Hay varios tipos de curatelas, puede ser asistencial, cuando el apoyo se da solo en algún ámbito de la vida diaria de la persona con discapacidad, o representativa, si nos faculta para representarla en todos los aspectos, que es lo que antes se consideraba tutela total», explica Rodríguez.

La defensa judicial es otro tipo de apoyo que procuraron a 14 personas en 2022 en la provincia. Se ejerce en dos sentidos, bien durante el procedimiento de provisión de apoyos «para que este curse con las suficientes garantías» y contemple las necesidades del afectado, bien como medida de apoyo formal de carácter temporal cuando exista conflicto de intereses entre la persona con discapacidad y el guardador de hecho o curador. Por ejemplo, «cuando están llamados a la misma herencia curador y curatelado (como puede ocurrir por ejemplo entres padres e hijos). El defensor judicial, acredita y verifica el reparto», aclara la directora de Fundamay.

Suficientes garantías

Completa el listado de medidas de apoyo externas la administración judicial, que es «una medida cautelar prevista cuando se considere que una persona con discapacidad está en riesgo tanto en el ámbito personal como en el patrimonial y se constituye mientras cursa el procedimiento judicial de provisión de apoyos», añade. Esta figura copa la estadística provincial, con 61 casos totales en 2022, 42 todavía en activo al término del año.

En suma, Fundamay ejerció en Burgos 122 cargos el año pasado, lo que evidencia el aumento que indica su responsable pues supone duplicar la actividad en cinco años. Y es que en 2017 se registraron 58 casos.

La guarda de hecho es la que procuran los familiares directos y pese al incremento de los apoyos de carácter externo sigue siendo mayoritaria. De hecho, la nueva ley impulsa esta figura y elimina la necesidad de comunicación a los juzgados de tal función o supervisión ajena de su ejercicio, salvo para casos muy puntuales como venta de inmuebles.