La Zona de Bajas Emisiones de Burgos que plantean PP y Vox restringirá la circulación desde la calle San Lesmes
El gabinete de Movilidad se reúne este martes para iniciar los pasos de redacción de una nueva ordenanza para regular 'Burgos Central'. Así, se reinicia el procedimiento tras el varapalo de la sentencia
La calle San Lesmes, en la capital burgalesa, sería el límite de la ZBE que planifican inicialmente el PP y Vox.
La Zona de Bajas Emisiones de Burgos se redimensionará y recortará su extensión global con respecto al proyecto que pretendía implantar el Partido Socialista en el anterior mandato, que contenía tres zonas, dos millones de metros cuadrados de superficie y afectaba a una población censada en toda esta área de 42.700 personas.
La calle San Lesmes y el tramo final de la calle Vitoria (hacia la plaza del Cid) serían los límites desde los que se aplicarían las restricciones de circulación, según el planteamiento inicial que explicaba el concejal de Movilidad, José Antonio López (PP).
Los límites de la zona ampliada, que fijaba el anterior bipartito (PSOE-Ciudadanos), se establecían en vías como la avenida Cantabria, avenida del Cid, paseo de los Cubos, calle San Julián, bulevar ferroviario y calle Molinillo.
No está claro, en estos momentos, si se plantearán dos zonas diferenciadas o solo una, pero el grueso de calles afectadas se corresponderán con el centro histórico, es decir calles que ya son peatonales, a excepción de esa delimitación en San Lesmes y final de calle Vitoria, por las que sí circulan vehículos. «La voluntad de este equipo de Gobierno es circunscribir la ZBE hasta la calle San Lesmes sin perjuicio de lo que nos digan los técnicos porque queremos tener en cuenta los medidores de calidad del aire instalados en la ciudad», explica.
El equipo de Gobierno de PP y Vox retoma sus planes ya expresados durante la campaña electoral y durante los primeros meses tras la toma de posesión el pasado 17 de junio. Y considera que la sentencia conocida la pasada semana que declara nulo el contrato de obras de implantación de la ZBE, justifica iniciar de cero el procedimiento con la redacción de una nueva ordenanza, un nuevo proyecto y, posteriormente, una nueva licitación de las actuaciones.
De esta manera, este martes, 24 de octubre, se reunirá por primera vez el gabinete de Movilidad, al que están convocados los responsables de Policía Local y Bomberos, así como los concejales de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, con técnicos de todas estas áreas.
Con esta cita se pone en marcha la redacción de una nueva normativa que dé cobertura a la Zona de Bajas Emisiones. Hay que recordar que la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 2, estableció la nulidad del contrato de obras por la inexistencia de una ordenanza regulatoria «porque el PSOE decidió empezar la casa por el tejado y no por los cimientos», añadió López.
Otro paso que ya ha dado el equipo de Gobierno de Cristina Ayala es solicitar al Ministerio de Transportes y Movilidad y Agenda Urbana una ampliación del plazo para la implantación atendiendo a un «causa de fuerza mayor» como es la sentencia judicial antes mencionada.
Sin embargo, López asegura que imprimirán rapidez a todo al proceso para tratar de cumplir con los plazos establecidos por el Gobierno central que concedió a los municipios de más de 50.000 habitantes hasta diciembre de 2024 para cumplir con la Ley de Cambio Climático.
Rescisión del contrato con Etralux
López, que define como «una chapuza» el procedimiento que emprendió el Gobierno de Daniel de la Rosa, explicaba también las consecuencias de rescindir el contrato con la empresa adjudicataria de la instalación de cámaras y puntos de control de tráfico, la firma Etralux. Concreta, que la empresa podría solicitar una indemnización económica de hasta 700.000 euros, alrededor del 20% de la cuantía de las obras proyectadas (3,5 millones de euros, de los cuales 2,6 millones procedían de fondos europeos).
Otra preocupación que comparte toda la Corporación, como todos los grupos expresaron en el Pleno del pasado viernes, es qué sucederá con los fondos europeos asignados al proyecto si el contrato se ha declarado nulo por el juez. Además, de los 2,6 millones de euros para las obras de la ZBE, otras obras de peatonalización en varias calles de Gamonal, así como las mejoras de accesibilidad de las paradas de autobús, se vincularon con el proyecto de ‘Burgos Central’.
En total podrían estar afectados 7 millones de euros, que el Ayuntamiento tratará de salvar planteando esa ampliación del plazo al Gobierno central vinculado a la decisión judicial.
Cocheras autobuses
Por otro lado, el concejal de Movilidad explicaba la situación vinculada a la clausura de uno de los lavaderos ubicados en las cocheras de autobuses de la Carretera Poza, sobre el que los técnicos recomiendan redactar un proyecto de demolición ante su grave deterioro.
El coste podría rondar los 400.000 euros y volvía a cargar contra la «herencia recibida» por el Partido Socialista ya que considera que se podría haber intervenido en el año 2020, fecha en la que datan los primeros informes de movilidad que advierten del mal estado de este equipamiento.
En este sentido, López considera que repararlo hubiera supuesto alrededor de 120.000 euros, frente a la factura de 400.000 euros que supondrá el derribo por «ruina técnica y económica» que advierte un arquitecto municipal.
El equipo de Gobierno confía en solventar la situación con la demolición del lavadero, actualmente clausurado, sin tener que actuar en todo el bloque al completo.