Pesimismo en el PP sobre el futuro de las inversiones para Burgos tras la investidura de Sánchez
Los cargos nacionales del Partido Popular por la provincia de Burgos «ni se rinden ni se resignan», pero creen que Castilla y León será una de las comunidades más perjudicadas por el acuerdo con los independentistas
«Ni nos rendimos ni nos resignamos», asegura la diputada por Burgos del Partido Popular (PP) en el Congreso, Sandra Moneo, durante una comparecencia pública para valorar la votación que ha hecho al socialista Pedro Sánchez de nuevo presidente del Gobierno.
Sin embargo, el pesimismo reina entre los cargos públicos populares que temen que se vean comprometidas las inversiones para Burgos en el futuro Presupuesto General del Estado, para «pagar» el pacto entre el PSOE y los independentistas catalanes representados por los partidos Ezquerra Republicana y Junts por Cataluña. Así lo manifestaron en una rueda de prensa en la que estuvieron representados los diputados: Ángel Ibáñez y Sandra Moneo, y los senadores: Javier Lacalle, Salvador de Foronda y Raquel González.
Lacalle ponía en acento en que presentarán todas las enmiendas posibles al futuro presupuesto para que las convalide el Senado para impulsar las obras en los ámbitos viarios y ferroviarios. «Por nosotros no va a quedar y tenemos esa mayoría en la Cámara Alta con la que actuar», aseguraba el senador popular, que tampoco quería crear «falsas expectativas» porque reconocía que la última palabra siempre la tiene el Congreso.
El diputado Ángel Ibáñez apuntaba otra consecuencia «grave» del acuerdo de investidura en relación con el coste económico del pacto. Según uno de los artículos, «el Estado asumirá en torno al 20% de la deuda viva en el momento de ejecución de este acuerdo contraída por la Generalitat de Cataluña con la administración General del Estado y que también se aplicará a las demás comunidades autónomas».
Pues bien Ibáñez calcula que esta circunstancia hará que se reparta el pago de una deuda de 38.000 millones de euros entre todos los españoles y, por tanto, considera que Castilla y León será la tercera más perjudicada por el acuerdo por detrás de Canarias y de Madrid. «Cada burgalés tendrá que pagar 682 euros para hacer efectivo ese acuerdo con los independentistas», según las cuentas que hacen los populares, que ven discriminatorio el pacto entre PSOE y Junts.
Ibáñez lamenta que el debate de investidura haya obviado asuntos que son de importancia para Castilla y León como la despoblación, la financiación autonómica, para sostener la calidad de los servicios, las infraestructuras. Como añade, «la España interior va a ser la gran olvidada porque se generará un gran desequilibrio».