El bipartito calcula que el coste de la sentencia de la Zona de Bajas Emisiones pasará de 1,2 millones

El equipo de Gobierno ha configurado un grupo de trabajo para tratar de reducir el impacto económico en las arcas municipales de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2, que anula el contrato de obras para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones de Burgos.

El presidente del Servicio de Movilidad y Transportes, el concejal popular, José Antonio López, calcula que el Ayuntamiento podría enfrentarse al pago de 1,2 millones de euros, una cantidad a la que habría que sumar el lucro cesante de la empresa que resultó adjudicataria, Etralux, como consecuencia del beneficio que dejó de percibir por no ejecutar las actuaciones previstas.

«El objetivo del grupo de trabajo, en el que estarán representados miembros del equipo de Gobierno, técnicos municipales y la parte empresarial, es conseguir una solución amistosa a la rescisión del contrato», afirmaba López, que ahondó en que la problemática del proyecto de Bajas Emisiones no se ha acabado con la ampliación del plazo de implantación concedido por el Ministerio de Transportes y Movilidad.

A la vez cargó contra el grupo municipal socialista y su portavoz, Daniel de la Rosa, a quien culpa del «desaguisado» que se ha producido con todo lo relativo a la Zona de Bajas Emisiones por haber adjudicado unas obras sin contar previamente con una ordenanza reguladora.

El contrato a Etralux se adjudicó en su momento por 3,4 millones de euros, de los cuales 2,6 millones proceden de fondos europeos. La empresa llegó a iniciar los trabajos, que se pararon al aplicarse medidas cautelares cuando se admitió el recurso contra la Zona de Bajas Emisiones de Burgos, presentado en su momento por la concejala del PP, Carolina Blasco.

López acusó a De la Rosa de «deslealtad institucional» por salir a anunciar la resolución del Ministerio de Transportes en la que se estima la prórroga solicitada por el Ayuntamiento de Burgos, a raíz de la sentencia del Contencioso, que se conoció el pasado octubre. «Su papel como líder de la oposición no es ese cuando ni siquiera se ha interesado por cómo se va a resolver el problema del contrato», argumenta.

El portavoz socialista explicó este miércoles que la resolución del Gobierno central permitirá salvar los fondos europeos, que se elevan hasta siete millones de euros, vinculados por el proyecto de la ZBE. Y, por su parte, López explicó que el problema no se termina con esa resolución que, si bien, valora positivamente.

El concejal de Movilidad estima que la prórroga concedida hay que atribuirla al «buen trabajo» del Ejecutivo municipal y, ante todo, a los técnicos implicados en el proyecto. «No se ha hecho ningún regalo a la ciudad. El Gobierno se ha limitado a aplicar la legalidad», añadió.

Además, no queda claro hasta cuándo se amplía el plazo para implementar la Zona de Bajas Emisiones. Mientras Daniel de la Rosa habla del 31 de diciembre de 2025, el concejal de Movilidad entiende que deberá estar en marcha a 31 de diciembre de 2024, aunque sería posible solicitar una nueva ampliación.

La resolución del Ministerio de Transportes estima la petición del Ayuntamiento de Burgos por la existencia de un recurso Contencioso Administrativo, que paralizó el desarrollo de las obras de la zona de Bajas Emisiones, cuando ya estaba adjudicado, puesto que se tomaron medidas cautelares.

Por tanto, desde noviembre de 2022 no se pudo avanzar en el desarrollo de este proyecto. La sentencia, que se conoció en octubre, declaró definitivamente nulo el contrato por la inexistencia de una ordenanza municipal que regulase la Zona de Bajas Emisiones.