Absuelto un matrimonio acusado de explotación sexual al no apreciarse «violencia» e «intimidación»

La Audiencia Provincial de Burgos ha absuelto a un hombre y una mujer de origen colombiano que se enfrentaban a 20 años de prisión por presuntos delitos de prostitución coactiva, trata de seres humanos, favorecimiento de la permanencia irregular en España y blanqueo de capitales. El principal motivo para dejar en libertad a ambos, tal y como se recoge en la sentencia, reside en que no se ha podido acreditar que las víctimas, quienes declararon como testigos protegidas, sufriesen «violencia, intimidación o engaño» por parte de los acusados. 

Lo que prevalece en este fallo es la presunción de inocencia bajo el principio «in dubio pro reo», ya que la Audiencia reconoce tener «serias dudas» sobre la culpabilidad de este matrimonio. Entre otras cosas, porque «no se ha acreditado que los acusados determinaran a las testigos protegidas a ejercer la prostitución, ni tampoco que participaran en traerlas desde Colombia».

Según las declaraciones de las testigos durante la fase de instrucción, los encausados no ofrecieron falsas promesas de empleo. De hecho, una de las mujeres «sabía que iba a ejercer la prostitución, pero no sabía que la iba a ejercer de esa manera ni en esas condiciones». Y aunque «lo aceptó durante el tiempo que estuvo por la necesidad», afirmó que «en ninguna ocasión la retuvieron el pasaporte o la documentación» aunque «tampoco sabía que las iban a encerrar».

Por el contrario, otra de las testigos manifestó que «encerradas no estaban». Del mismo modo, precisó que «salíamos una hora por la mañana y si llegaba algún cliente nos llamaban para que regresáramos». En su caso, indicó que sí le habían retirado el pasaporte y, posteriormente, dijo que se fue porque «no estaba de acuerdo con las condiciones y por los gritos y las peleas que tenían ellos».

Por su parte, el Ministerio Fiscal defendió en todo momento que «la condición real del trabajo propuesto no se ajustaba a lo ofrecido», amén de incidir en que «la agenda de citas y contactos telefónicos de los clientes era controlada en todo momento por los acusados», quienes anunciaban a las mujeres a través de una página web. Por si fuera poco, las mujeres quedaban «sujetas al control» de esta pareja y «permanecían aisladas socialmente». Aparte, «debían estar disponibles para los servicios concertados por los acusados las 24 horas del día durante siete días a la semana sin descanso». Después de cada servicio, la acusada «les daba el 60 %» tras descontar 20 euros semanales en concepto de «importe por la comida»

La versión de la acusada, obviamente, dista completamente de la de la Fiscalía. Según su relato, alquilaba habitaciones a las chicas que acudían «voluntariamente» porque «no sabía que fuese ilegal» pese a que «en ocasiones ha ido la Policía si algún cliente se ponía pesado». Asimismo, aseveró que acudía habitualmente al piso con el objetivo de «poner orden a las chicas para que no se peleen». Por otro lado, negó que les buscase clientes a las mujeres; y aunque adujese que por aquel entonces se dedicaba al cuidado de niños, «también trabajó en un piso como empleada sexual» del que seguía «obteniendo dinero por los servicios».

El marido, por su parte, trató de desvincularse totalmente de la actividad sexual que se desarrollaba en el piso pese a ser consciente de que su mujer alquilaba habitaciones a prostitutas. «Al margen» de lo que ocurría de puertas hacia dentro, según su versión, el acusado se ganaba la vida como albañil cobrando «entre 600 o 700 euros» y 1.000 «el mejor mes». No en vano, reconoció que acompañaba a su esposa los fines de semana para «poner orden», «lavar la ropa» o «cocinar» y que se quedaba «viendo la tele» si había alguna «habitación desocupada». 

Otra de las acusaciones contra este matrimonio guardaba relación con un presunto delito de tráfico de drogas. A este respecto, una de las testigos aseveró que «en la vivienda vendían cocaína a los clientes que la solicitasen» y que la imputada «aleccionaba a las chicas a fingir que ellas eran consumidoras» con el objetivo de alargar las estancias y «así ganar ambas partes más dinero». Por su parte, la pareja declararía por separado que no se comercializaba ni distribuían sustancias estupefacientes en el piso.