La Junta inyecta 980.000 euros más a la Diputación pero sólo 88.700 van a residencias

La Junta de Castilla y León aportará 980.000 euros más al convenio de cofinanciación de los servicios sociales que se prestan a través de la Diputación Provincial de Burgos. La modificación de esta adenda de la gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León con entidades de más de 20.000 habitantes y diputaciones con cargo a los años 2020 y 2023 se aprobó en septiembre y ahora se incorpora al presupuesto de la Diputación Provincial. 

En total son 935.000 euros que se incorporarán en partidas concretas en función de diferentes servicios que se prestan desde la institución en el medio rural. Gran parte de esos fondos se van a Ayuda a Domicilio (alrededor de 500.000 euros), para personal de acción social (roza los 140.000 euros), 88.700 euros para costear los servicios en las residencias de ancianos de la diputación, 68.000 euros en materia de igualdad que se dividen en 49.700 euros para promoción de la igualdad y la erradicación de la violencia de género y 18.478 euros para ampliar el contrato del técnico de igualdad de seis meses a un año. Además se destinarán 36.600 euros para personal técnico, 1.067 euros para la coordinación del Plan local contra las Drogas y 5.000 euros para e personal de apoyo familiar. 

Para el PSOE estas cantidades son insuficientes para acabar con el endeudamiento que asumir estas competencias tiene para la institución provincial. Consideran que es una sumisión del presidente de la Diputación, Borja Suárez, a la administración regional. El diputado provincial Ignacio Crajal critica que este acuerdo marco de Servicios Sociales «solo contempla 88.712 euros más para el mantenimiento de cinco residencias de mayores que gestiona la institución provincial y que le suponen un déficit anual de 18 millones de euros». 

El socialista pone el foco, también, en la infrafinanciación del servicio de Ayuda a Domicilio. La adenda incluye 500.000 euros más pero «no cubre ni el coste de este servicio ni el de ayuda a domicilio, cuyo precio crecerá hasta los 8 millones anuales en 2024». Por eso acusan a Suárez de «consentir a la Junta la infrafinanciación de la prestación de servicios sociales en la provincia, una competencia autonómica». 

Desde el PSOE provincial recuerdan que «el nuevo convenio marco para 2024 debería defienden una cobertura financiera adecuada de los servicios sociales que presta la Diputación y en particular, de la Ayuda a Domicilio y de las cinco residencias de mayores que gestiona».

Grajal recuerda que el presidente reivindicó a la Junta de Castilla y León una aportación económica mayor a la Diputación para costear la prestación de los servicios sociales en una comparecencia mediática hace un mes y, al conocerse el montante total de la modificación de la financiación de estos servicios, «se evidencia la sumisión de Suárez al PP de Castilla y León, en detrimento de los intereses de la provincia».