Un centenar de alcaldes del PP de Burgos firma un manifiesto por «la igualdad de los españoles»
Los ediles se daban cita en el Monasterio de San Juan en el marco de una iniciativa de carácter nacional que reclama al Gobierno central que garantice la igualdad de todos los ciudadanos ante la inminente aprobación de la Ley de Amnistía
Un centenar de alcaldes y alcaldesas del PP ha acudido a la lectura del manifiesto.
Un centenar de alcaldes y alcaldesas del Partido Popular de la provincia de Burgos se han sumado esta mañana a la iniciativa promovida por la formación a nivel nacional para demandar al Gobierno de Pedro Sánchez «la igualdad de todos los españoles».
Los primeros ediles se han dado cita en un acto que ha tenido lugar en el Monasterio de San Juan donde la formación ha leído un manifiesto reclamando que no exista ‘terrorsimo bueno’ y que todo acto terrorista sea investigado y condenado ante la inminente aprobación de la Ley de Aministía.
«Los alcaldes y concejales del Partido Popular queremos reiterar nuestro compromiso con la igualdad de todos los españoles, que se está viendo seriamente comprometida por las decisiones injustas y arbitrarias que el PSOE está adoptando para lograr los votos independentistas que garanticen su continuidad en el Gobierno de España», reza el texto.
La iniciativa quiere reflejar «el hartazgo de los ciudadanos ante lo que consideramos una quiebra de la igualdad de los españoles», aseguró Ángel Ibáñez, diputado del PP por Burgos.
Para la formación popular, «tanto la Ley de Amnistía que se está tramitando en las Cortes como el resto de privilegios que el independentismo está imponiendo como condición para sacar adelante las votaciones en el Congreso de los Diputados ponen de relieve una grave alteración de las reglas de juego democráticas» y es que «el actual Ejecutivo central ya no sitúa el interés general por encima de todo, sino que antepone las exigencias con las que las formaciones separatistas le vayan extorsionando en cada momento», continúa el manifiesto.
A este tenor, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, hacía hincapié en la «profunda preocupación por la degradación institucional a la que estamos asistiendo» y que «supone un flagrante deterioro de nuestro Estado de derecho porque ataca a los principios constitucionales más básicos y compromete la viabilidad de la administración del Estado».
Así, Ayala señaló que «los alcaldes y las alcaldesas son el primer escalón que debe velar por el Estado de derecho» y reclamó a Sánchez que «cumpla con la Constitución» porque «no se puede redactar una ley al dictado de los delincuentes solo porque son quienes le van a mantener en el sillón».
La alcaldesa reiteró que la ley que se va a aprobar «rompe con las garantías del Estado de derecho y con la igualdad de todos los españoles» cuando «la primera obligación de un presidente del Gobierno es garantizarla».
Ayala firma el manifiesto.
En este sentido el manifiesto recoge que, para continuar en el poder, «el PSOE y todos aquellos partidos cuyo objetivo es liquidar nuestra nación han colocado a España en uno de los momentos más graves de nuestra historia reciente: se desprotegen los derechos y libertades fundamentales, se cercena el principio de separación de poderes y se acaba con la igualdad de los españoles y la solidaridad entre territorios a cambio de un puñado de votos».
Por todo ello, «los 3.361 alcaldes que gobernamos al 46,5% de los españoles en los ayuntamientos, así como los 23.421 concejales con los que el Partido Popular cuenta en España renovamos nuestro compromiso de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado», reza el texto.
Los ediles populares señalan además su «oposición tajante» a que «la extorsión del independentismo determine en última instancia las decisiones adoptadas por el Ejecutivo central» y exigen al Gobierno y al PSOE que «acaben con el secretismo con el que están acometiendo las negociaciones con sus socios sobre asuntos esenciales para la economía y el bienestar de los ciudadanos».
En el documento, la formación popular acaba señalando que «modificar o derogar el Código Penal a la carta para beneficiar a determinadas personas es una forma de corrupción política» y reitera la importancia de «la separación de poderes y la independencia judicial», rechazando «tanto las decisiones que usurpan sus funciones como las declaraciones de representantes políticos, incluidos miembros del Gobierno de España, que están poniendo en cuestión y señalando a jueces por sus decisiones».