La pobreza infantil se enquista y acecha a un 24% de los menores

La pobreza infantil se enquista. Eso cabe inferir al menos al comparar los diversos informes que en los últimos años han tratado de cifrar cuántos menores viven en Burgos en familias bajo el umbral de renta mínimo para cubrir sus necesidades básicas. Tanto en el mapa que ofrece el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil -con datos actualizados hasta 2021- como el estudio publicado en 2023 por la consultora AIS Group concluyen que esta situación de carencia acecha al 24% de los niños y jóvenes.

La cifra anual no es idéntica, claro, pero la diferencia es mínima, al menos en el último lustro. El resumen gráfico que ofrece el Gobierno de España brinda el indicador de 2019 y 2021, como referencia, con medias del 25,1% y 23,7%, respectivamente.

El más reciente, de 2023, lo proporciona la citada firma especialista en ‘big data’, cuyo análisis de fuentes públicas y privadas determina que el 24,4% de los niños burgaleses reside en hogares con ingresos inferiores a 10.088 euros, en caso de ser unipersonales, y 21.185 euros para los formados por dos adultos y dos menores. El estancamiento es evidente. 

Sin embargo, aunque la realidad que dibuja la estadística sea mejorable, sí cabe ‘celebrar’ que la comparación con otras zonas del país deja a la provincia en una posición más que aventajada, mucho más cerca de las áreas con situación favorable, que rondan el 20% (San Sebastián, Barcelona y Bilbao) que de aquellas con la mayor tasa, todas por encima del 40% (Granada, Almería, Jaén o Cáceres).

También en el conjunto de Castilla y León Burgos destaca en positivo. Se ubica cuatro puntos por debajo de la media regional y solo Valladolid rebaja su porcentaje, en apenas dos décimas. Se aleja también la provincia de la media nacional, que sitúa en riesgo a un 30,2% de la población menor de 18 años.

A la espera de que el programa de actuaciones estratégicas para combatir la pobreza infantil planteado por la Consejería de Familia para el periodo 2021-2027 surta efecto, procede aparcar los datos para asomarse a la realidad de quienes trabajan a diario por brindar oportunidades a los menores burgaleses.

A ello se dedica, por ejemplo, el área de Infancia y Adolescencia de Cáritas Burgos. En sus cinco centros de la provincia -en la capital, Aranda, Miranda, Lerma y Villarcayo- atendía el año pasado a 985 menores, unos 200 más en apenas dos años. El auge es evidente.

«Trabajar con ellos es invertir en el futuro de la sociedad», sostiene la responsable del programa, Mónica Martínez. Y es que solo así, en buena parte de los casos, puede romperse una inercia que sin esta mano tendida se torna condena: «Existe una transmisión intergeneracional de la pobreza. Las probabilidades de mantener esta situación si has crecido en un entorno de exclusión son elevadas», explica, para añadir, como elemento esperanzador, que «si a esos menores tienen espacios donde acudir y recibir apoyo escolar, por ejemplo, ya tienen más garantías de tener una formación y, en consecuencia, tengan alguna oportunidad». Todo un círculo virtuoso.

Su experiencia sobre el terreno permite conocer los factores de riesgo que alimentan la exclusión. La precariedad laboral es determinante: «Tenemos muchas familias trabajadoras que no llegan a final de mes, sobre todo tras la pandemia, y que han visto agravados sus problemas con el aumento general de los precios de los productos y de los alquileres».

Martínez constata además una creciente presencia en el entorno de los menores de conflictos intrafamiliares, problemas de consumo de alcohol y drogas y dificultades de conciliación agudizadas por malas condiciones laborales.

«En 2023 hemos detectado además un incremento de hogares monoparentales», precisa la responsable del área de Infancia y Adolescencia de Cáritas Burgos, para detallar que a tal definición responde un 20% de las familias de los menores atendidos, la gran mayoría encabezadas por una mujer. En estos casos los escollos se multiplican. «Suelen necesitar varios trabajos para hacer frente a los gastos básicos de vivienda, comida o ropa y al final esa circunstancia repercute en el acompañamiento a los hijos», añade.

El lugar de residencia también marca y el mundo rural ofrece «problemas añadidos» (basta comprobar el citado mapa por distritos elaborado por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil) pues, dadas las circunstancias, limita el acceso a determinados recursos de apoyo. «Los mismos problemas a los que se enfrenta cualquiera que resida en un pueblo afectan a los menores, especialmente cuando viven en núcleos pequeños o mal comunicados», explica Mónica Martínez, que conoce de sobra el paño, pues trabaja en el centro de Lerma.

En definitiva, todas las dificultades socioeconómicas que atenazan a los adultos condicionan el riesgo de exclusión de los niños y jóvenes que los rodean. Conviene, por tanto, recordar que la tasa de exclusión social moderada en Castilla y León, según el informe Foessa, es del 6,4% y la severa asciende a un 8,9%.

Con todo, los perfiles de usuarios cambian en función de la ubicación del centro al que acuden, aunque en todos hay lista de espera. Si bien en los urbanos los menores suelen llegar derivados de otros programas de Cáritas a los que acceden sus familias, Servicios Sociales o centros educativos, en los rurales la situación cambia y acuden por iniciativa propia, al ser el único espacio del municipio dónde pueden reunirse y complementar el apoyo con un rato de ocio compartido.

En todos ellos la actividad ocupa las tardes: hacen la tarea, meriendan y tienen un momento de juego que les permite desconectar y relacionarse, pues existen casos con dificultades de integración.

«Hemos notado además que los chavales necesitan un espacio donde ser escuchados y para nosotros prestar también esa atención de calidad es importante, porque la demandan y porque puede servir además para detectar situaciones de riesgo que requieran una intervención», indica Martínez y destaca el papel crucial de los 122 voluntarios que en 2023 colaboraron con el programa de Infancia y Adolescencia.