El bipartito tiene vía libre para subir el agua y el PSOE baraja un contencioso

La subida de la tasa del agua del 9,5% será de aplicación inmediata tras la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de los precios en el Pleno de este viernes, 15 de marzo. Así, lo ha asegurado el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, que ha explicado que primero se tiene que publicar, en un plazo de unos quince días, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Por tanto, los burgaleses comenzarán a notar el incremento del precio del agua que consumen en el siguiente recibo, que se cursa con periodicidad trimestral.

Este el resumen de lo acontecido en la Comisión de Coordinación Tributaria del Ayuntamiento de Burgos que ha desestimado las alegaciones del grupo municipal socialista, en las que, principalmente, argumentaba que esta subida es «injustificada» a todas luces, aun tratándola de justificar en la necesidad de realizar inversiones urgentes en las infraestructuras que suministran, potabilizan y depuran el agua que se consume en la ciudad.

Los socialistas estudiarán, como así han anunciado los concejales Sonia Rodríguez, y Julio César Arnaiz, la posibilidad de llevar este incremento en la tasa al contencioso-administrativo «en defensa de los intereses de los burgaleses». Para el PSOE, la decisión unilateral de PP y Vox de incrementar el precio «es un atraco a los ciudadanos y a las empresas».

El concejal de Hacienda, por su parte, ha indicado a este respecto de llevar a la justicia la modificación de la ordenanza que «suya es la decisión», en referencia a los socialistas, pero argumenta que «cuando eran ellos quienes gobernaban se cansaron de utilizar como argumento la frase de que no hay que judicializar la vida política».

Los socialistas consideran que la vía contenciosa no provocará retrasos en la ejecución de las inversiones que tiene previstas la sociedad tanto en materia de digitalización del ciclo del agua, con 8 millones de fondos europeos, o en el plan quinquenal de mejora de infraestructuras que va de los años 2024 a 2028. Rodríguez lamentaba las acusaciones del presidente de la sociedad de aguas, Fernando Martínez-Acitores (Vox), que pretende «erigirnos en enemigos de la sociedad o de la mejor agua de España» con «frases simplonas y falaces», cuando el objetivo, según indica el PSOE, «es defender a los burgaleses del tasazo, no perjudicar a los usuarios y que el agua de Burgos, sea por su precio, la mejor del país».

La concejala y consejera de aguas afirma que el PSOE «no se va a callar» y, por ello, han mantenido las alegaciones y estudiarán acudir al juzgado. Desde su punto de vista, son necesarias las inversiones y «hay dinero» para afrontarlas y añade, que alegar, no retrasará la ejecución de obras. Sin embargo, pone de manifiesto que ya entrado 2024 son pocas las licitaciones de actuaciones en instalaciones que están saliendo adelante en los últimos consejos de la sociedad.

Sobre la situación económica de la sociedad, el PSOE ha recordado que la sociedad ha tenido beneficios tanto en 2023 (2,3 millones) como en 2022 (6 millones de euros).

Por su parte, Julio César Arnaiz ha expuesto las alegaciones presentadas que, a su juicio, «son de carácter técnico» y el concejal de Hacienda ha explicado, en una rueda de prensa posterior, las razones por las que han sido desestimadas «también desde un punto de vista técnico».

Desde el PSOE, consideran en una de sus alegaciones que para subir esta tasa, cuando los burgaleses solo pueden contratar el suministro con Aguas de Burgos y, por tanto, se trata de un monopolio, se debía haber solicitado informe a la comisión de precios de la Junta de Castilla y León. «Esta comisión es el órgano competente para aprobar los precios cuando el abastecimiento de agua no se efectúe de manera directa por las entidades locales», concreta Arnaiz.

En el informe que desestima este argumento, Manzanedo ha indicado que la comisión de precios no es competente porque la sociedad de aguas está participada en un 100% por la administración local y, por tanto, es como si el suministro lo presta directamente el Ayuntamiento.

El concejal de Hacienda defiende que el procedimiento de la subida de la tasa se ha tramitado de manera «oportuna y ordinaria» desde que se hace la propuesta de la subida hasta que se contestan las alegaciones. Desde el PSOE, han alegado que no se justifica con «claridad expositiva la urgente modificación de la ordenanza».

Arnaiz sostiene que el binomio PP y Vox ha perdido la oportunidad de propiciar una ordenanza «pedagógica» sobre el consumo responsable de agua, planteando incentivos para abonados que tengan consumos responsables. También reclaman al servicio de aguas una lectura real de los contadores para calcular el consumo en la factura y no utilizar lecturas «estimadas».

Para el concejal de Hacienda, estas alegaciones «sustantivas» no son objeto de la modificación de la ordenanza fiscal.