Odisea urbanística. El TSJ ordena legalizar las obras de una buhardilla con vistas a la Catedral

Un nuevo fallo judicial favorable arroja de nuevo esperanza a los hermanos Cristina y Rubén Fuentes Santamaría que tienen el empeño, desde hace más de una década, de arreglar la buhardilla del número 8 de la plaza de Santa María.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado, recientemente, el incidente de ejecución de sentencia dictado por el Juzgado de Contencioso Administrativo Número 2 por el que se anula la paralización de las obras que se había dictado desde el Ayuntamiento de Burgos en septiembre y en diciembre de 2022. De esta manera, el Alto Tribunal dicta la legalización de las obras de acuerdo al proyecto presentado por los propietarios, en agosto de 2022.

Esta respuesta de la Justicia invita a pensar que aquí pueda acabar la odisea de estos hermanos para arreglar su propiedad, una pequeña vivienda con unas vistas magníficas de la fachada de Santa María de la Catedral de Burgos. Su letrado, José María Castilla, espera que el Ayuntamiento de Burgos no demore más la situación y permita reanudar las obras de consolidación del inmueble. Sin embargo, son tantos los problemas a los que se han enfrentado desde que en 2011 solicitaran por primera vez la licencia municipal para arreglar su propiedad, que todavía no acaban de vislumbrar ese momento en el que todo esté arreglado.

La familia afectada consiguió en junio de 2021 una sentencia favorable que parecía definitiva. El fallo del mes de junio de ese año avaló la decisión del juez de primera instancia en la que se indicaba que no existe ninguna razón jurídica que posibilite denegar la licencia de obra solicitada e insistía en que no se puede considerar que este último piso del edificio estuviera fuera de ordenamiento.

Llegó la licencia

Unos meses después lograron la ansiada licencia de obra que reclamaban desde diez años antes. Y las obras en la buhardilla comenzaron con la idea de arreglar la fachada y la cubierta. Dos cuestiones prioritarias para consolidar su propiedad que seguía deteriorándose por la falta de este mantenimiento que, el Ayuntamiento de Burgos impedía realizar. Al poco tiempo de comenzar los trabajos, llegaron nuevos problemas porque el estado de conservación de esta vivienda era peor de lo que se esperaba.

Los años de abandono, durante los cuales ni siquiera pudieron entrar a su casa, habían pasado una factura más cara de lo que se pensaba en un inicio. Descubrieron que eran necesarias obras de más calado y, por ello presentaron, de nuevo ante el Ayuntamiento, una addenda al proyecto en la que se explicaban las nuevas necesidades y costes de la actuación. Como indica el auto del Juzgado de lo Contencioso Número 2 y hace bueno el TSJCyL, «se estimaba que las obras alcanzarían al 20% de la cubierta y finalmente se ve necesario reponer el 85%, si bien ello no obedece a ocultación alguna torticera o de mala fe del promotor o técnico». Es decir, reconoce que los propietarios actuaron de frente y presentaron una addenda al proyecto para que constara la situación ante la administración local.

A finales de 2022, se reabría el conflicto por parte de varios técnicos municipales de las áreas de Urbanismo y Licencias, porque ante ese añadido al proyecto de obras emitieron orden de parar la ejecución de los trabajos.

Sin obras y sin cubierta

Llegamos así a marzo de 2023 sin obras, sin cubierta nueva y sin vivienda. Por tanto, de nuevo la familia se ve en la necesidad de defenderse en los tribunales, que les venían dando la razón en distintas instancias desde hacía varios años.

Consecuencia de ello, es el Auto dictado por el Contencioso y que el Tribunal Superior de Justicia también ha ratificado. El fallo judicial reclama que se dicte resolución de legalización de las obras.

Los abuelos de Cristina y Rubén compraron la mencionada buhardilla en 1961. Allí pasaron parte de su infancia en los años 80, cuando iban al colegio público Vadillos tras despertarse escuchando las campanas de la Catedral. Aquellos recuerdos de una infancia feliz, se tornaron en pesadilla hace ya 13 años en los que han convivido con la impotencia, la rabia y un desgaste hasta casi la extenuación.

En 2011 se embarcaron en un proyecto para rehabilitar la propiedad familiar para que Rubén viviera con mayores comodidades en este inmueble. Durante años no les respondieron a la petición de licencia de obras, luego se la denegaron, más tarde les declararon en ruina inminente su piso y se les trató de expropiar sin una indemnización económica. Temieron por una ejecución subsidiaria por parte de la administración local que pretendía eliminar el inmueble al considerarlo «disconforme con el planeamiento», de acuerdo a los planes generales de urbanismo de los años 1994 y 2014. La buhardilla en cuestión fue considerada como «cuerpo recrecido del edificio que no formaba parte de su estado original».

En distintas sentencias, que ha recogido este medio de comunicación en los últimos años, fueron obteniendo la razón, parando la declaración de ruina y consiguiendo que el juzgado considerase que debían disponer de su licencia de obra.

Ahora, nuevamente, los tribunales les dan el derecho a continuar con las reparaciones en la cubierta. La mirada se dirige al Ayuntamiento para que emita la resolución de legalización de los trabajos en el 85% del tejado.