El Correo de Burgos

Zona de Bajas Emisiones de Burgos. Habrá moratoria de seis meses antes de multar

El bipartito de PP y Vox trabaja con la idea de que la zona esté implantada para enero de 2025. La ZBE estará activa al día siguiente de su publicación en el BOP, pero se esperará seis meses para sancionar

Un vehículo circula por la calle Eduardo Martínez del Campo en Burgos, que estaría afectada por la Zona de Bajas Emisiones.

Un vehículo circula por la calle Eduardo Martínez del Campo en Burgos, que estaría afectada por la Zona de Bajas Emisiones.ÓSCAR CORCUERA

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La ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones de Burgos (ZBE) concederá una moratoria de seis meses antes de sancionar a los conductores que no tengan etiqueta ambiental en su vehículo, la mínima exigida será la ‘B’, para circular por la denominada ‘almendra central’.

Esta es una de las premisas del anteproyecto que maneja el equipo de Gobierno de PP y Vox que, como ha indicado el concejal de Movilidad, José Antonio López, será una normativa «sencilla y simple» que viene a «facilitar la vida de los burgaleses». Con estas palabras, el edil asegura que se huirá de un afán recaudatorio en cuanto al régimen sancionador establecido que quedará acotado a la Ley General de Tráfico y, por tanto, la multa máxima será de 200 euros, según las explicaciones dadas a los medios de comunicación.

El modelo de restricciones que plantea el actual equipo de Gobierno difiere en cuanto a la extensión de calles con respecto al del anterior Ejecutivo y también en relación con las multas. «Se pretendía castigar al ciudadano para a través de las multas sufragar la implantación de la zona de bajas emisiones por ingresos extraordinarios, circunstancia que este equipo de Gobierno limitará», ha asegurado.

La Zona de Bajas Emisiones quedará delimitada por al norte por la calle Francisco Salinas, al este por la calle San Lesmes, al sur por la calle Miranda y al oeste por el paseo de los Cubos. Todas las vías incluidas dentro de este perímetro quedarán supeditadas a los controles de acceso. A mayores, se suman las calles Francisco Salinas, Fernán González, Doña Jimena y San Esteban, así como la pasarela de la Evolución Humana, el puente de Santa María y el paseo de la Audiencia.

La circulación de vehículos por el interior de esta zona, así como el estacionamiento de los mismos en superficie, estará regulada en las calles situadas en el interior del perímetro del área de acuerdo con la clasificación de los vehículos por su potencial contaminante que establece el Reglamento General de Vehículos. De este modo, tendrán acceso a la ZBE todos los coches con distintivo ambiental (categorías 0 Emisiones, ECO, C y B) y los que estén catalogados como históricos.

Plano difundido por el área de Movilidad de las calles afectadas por la Zona de Bajas Emisiones de Burgos.

Plano difundido por el área de Movilidad de las calles afectadas por la Zona de Bajas Emisiones de Burgos.ECB

También podrán acceder a la ZBE bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP), aquellos que estén domiciliados en calles pertenecientes a esta área en el Registro de Vehículos de la DGT, taxis y automóviles de arrendamiento con conductor y vehículos de uso compartido o multiusuario. Asimismo, tendrán acceso los vehículos de los que dispongan las personas físicas o jurídicas empadronadas dentro de la ZBE, ya sean en propiedad, usufructo, ‘renting’ o ‘leasing’, los que pertenezcan a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los que tengan matrículas extranjeras o diplomáticas (siempre que sus características se equiparen a los distintivos ambientales autorizados), vehículos de emergencias y cuyos titulares o arrendatarios dispongan de plazas de garaje dentro del área.

El área de Movilidad trabaja con la previsión de que en enero de 2025 pueda estar implantada la Zona de Bajas Emisiones, aunque queda un largo camino administrativo para conseguir este fin y, posteriormente, la instalación de los sistemas de control de tráfico.

Con esta propuesta, el bipartito está convencido de que se cumplirá la normativa europea y nacional que obliga a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a restringir la circulación a los vehículos más contaminantes, así como el objetivo de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y, por tanto, cumplir la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica con la mejora de la calidad del aire.

López comenta que la mayoría de calles afectadas coinciden con las zonas peatonales, que en Burgos son muy amplias, pero el bipartito va a ir un poco más allá al incluir las vías antes mencionadas «en base a criterios técnicos bien fundamentados». Según añade, «se compatibilizan los objetivos de permitir una libertad pacífica de circulación de las personas con la ley».

En la ZBE de Burgos podrán circular todos los vehículos con distintivo ambiental, aquellos que tengan la pegatina de la DGT, desde la B, C, ECO y hasta la Cero Emisiones. En otras ciudades, las restricciones son mayores e impiden circular por esos perímetros a los que tienen etiqueta B e incluso C. En la B, entran turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde el 1 de enero de 2001 y diésel a partir de 2006.

Además, cuando se publique en el Boletín Oficial de la Provincia la normativa está previsto conceder otro plazo de cuatro meses para definir las excepciones de entrada a la ‘almendra central’, por ejemplo para vehículos de emergencia, mudanzas, transporte de mercancías y telecomunicaciones, entre otros. Los talleres de vehículos que ubiquen en este perímetro también contarán con excepciones para sus clientes, así como los automóviles declarados como «históricos».

En cuanto a los plazos, el bipartito confía en aprobar inicialmente la ordenanza en el pleno ordinario de abril, previsto para el día 19, a partir de ahí se abrirá un plazo de alegaciones que habrá que responder antes de llegar a la aprobación definitiva. En ese momento, será cuando comience el proceso de instalación de los sistemas de regulación de la circulación, aunque todavía no se ha decidido si se lanzará un nuevo concurso de obras o bien se modificará el que tramitó el anterior equipo de Gobierno que llegó a adjudicarse a la empresa Etralux, con quien se está en conversaciones para resolver el anterior contrato que mandó anular una sentencia judicial del Contencioso-Administrativo, al no existir una ordenanza.

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