Anulan la oposición para sumar 10 agentes a la Policía Local, para sacar otra con 18 plazas
El Ayuntamiento de Burgos devolverá de oficio las tasas de los derechos de examen a los 500 aspirantes que se presentaron a una convocatoria publicada el pasado agosto en el Boletín Oficial de la Provincia
El Ayuntamiento de Burgos delegará en la Junta de Castilla y León la convocatoria de las oposiciones para agentes de Policía Local, que se corresponden con las ofertas públicas de empleo de 2022 y de 2023. En total, está previsto que se puedan incorporar 18 agentes en el primer trimestre de 2025, después de acabar la formación en la academia de Ávila, que se desarrolla en febrero.
Esta decisión, que se ha tomado desde el área de Personal municipal después de llegar a un acuerdo con la administración regional, supone que se anula la convocatoria que salió el pasado junio de 2023 (publicada en boletines en agosto de 2023), con 10 plazas previstas, 8 de turno libre y dos de movilidad, en la que estaban apuntadas 500 personas, que esperaban el inicio de las primeras pruebas de selección.
La concejala de Personal, Yolanda Barriuso (PP), y el edil de Seguridad Ciudadana, Ignacio Peña (Vox), han explicado que se devolverá de oficio a los aspirantes las tasas pagadas por los derechos de examen, 18,6 euros, de acuerdo al decreto firmado de manera reciente.
Barriuso ha lamentado que el anterior gobierno local fue «incapaz» de sacar adelante en tiempo las oposiciones que correspondían al año 2022 y ha criticado que el PSOE realizó en el último momento (pocos días después de las elecciones de mayo) la aprobación de la convocatoria para «intentar parecer que habían hecho algo cuando ya no había tiempo». Así, indica que «no se llegó al plazo previsto en el acuerdo al que llegó el Ayuntamiento de Burgos con la Junta de Castilla y León».
La Consejería de Fomento firmó un convenio con la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) en 2020 para agilizar los procesos selectivos de Policía Local de los ayuntamientos de la comunidad con la idea de convocar oposiciones en los años 2021 y 2024, mientras que los consistorios debían realizar los correspondientes a 2022 y 2023.
La popular asegura que se ha llegado a un nuevo acuerdo «ante un problema heredado» para evitar que se considere que el ayuntamiento está incumpliendo el convenio, por lo que considera que es la «solución más adecuada».
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Las bases del proceso de selección que sacó el PSOE salieron publicadas el 7 de agosto de 2023 en el BOP y el 17 de agosto de 2023 en el Bocyl. Un día después, es decir, el 18 de agosto, la Agencia regional de Protección Civil envió un escrito al Ayuntamiento de Burgos para indicarle que la primera de las pruebas de esas oposiciones debía realizarse el 20 de octubre de 2023. Un plazo que ya era imposible llevar a cabo porque la publicación en el BOE de la resolución por la que se abría el plazo de presentación de instancias se hizo el 31 de octubre de 2023.
Barriuso indica que con la solución adoptada habrá un ahorro económico para el Ayuntamiento, así como de tiempo, puesto que sacar adelante un proceso de oposición con tantos aspirantes puede suponer 50.000 euros y 8 meses de plazo hasta terminar los cuatro ejercicios de los que se componen las pruebas.
La carga de trabajo que se va a ahorrar Personal irá dedicada a sacar otras convocatorias para evitar que prescriban las ofertas de empleo público que siguen pendientes de los años 2019, 2020 y de 2021 «y que podrían peligrar si no se inician los procesos de selección». Además, se quiere avanzar en los procesos de estabilización del personal interino que afecta a 242 plazas con 42 procesos selectivos, cada uno de ellos con sus tribunales.
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La concejala de Personal señala que a las 18 plazas que sacará la Junta se podría unir alguna más, las que corresponderían a la oferta pública de empleo del año 2024 que todavía no está aprobada.
Por su parte, el concejal de Seguridad, Ignacio Peña, ha indicado que la medida adoptada por el equipo de Gobierno, al pedir que sea la Junta quien realice la convocatoria, es lo más sensato. «Era una locura desaprovechar esta oportunidad que ofrece la administración regional cuando las ventajas que conlleva si lo asume el Ayuntamiento son mínimas», ha señalado.